Por: Frida Ibarra
Ilustración: Víctor Solís, cortesía de Nexos
Hay que reconocer que los datos de cultivo y erradicación no nos dicen nada sobre las personas que se dedican a estas tareas, ni sobre cómo les afectan las políticas de erradicación y la presencia militar. El Estado debería generar propuestas de política pública tendientes a incorporar a las comunidades en el mercado legal para la producción de opio, como parte de un programa de desarrollo social más amplio que, inclusive, coordine esfuerzos con Estados Unidos de acuerdo con la filosofía de “responsabilidad compartida”. La erradicación de cultivos no es una política integral de drogas, plantea objetivos inalcanzables como la supresión de la oferta y, sobre todo, afecta a las comunidades que viven de estos cultivos. Mientras no se impulse una política integral seria, campesinos y campesinas que trabajan en los cultivos seguirán padeciendo el fracaso de una política prohibicionista de drogas que ampara a un Estado indiferente frente a las necesidades del campo mexicano, y que sólo aparece con uniformados para erradicar y no para proteger.