Por: Ariadna Estévez
Ilustración: Estelí Meza, cortesía de Nexos
El análisis de los informes de refugio, asilo, condición apátrida y desplazamiento por conflicto, cambio climático y proyectos de desarrollo indica que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha jugado un papel fundamental en inflar las cifras de migración forzada internacional y contribuir al discurso de una “crisis migratoria mundial” que ha legitimado medidas de derecho suave que restringen el asilo y favorecen la migración calificada: la Declaración de Nueva York (2016), y los pactos mundiales para una Migración Segura, Ordenada y Regular (2018) y Sobre los Refugiados (2018), derivados de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Estas medidas reemplazan en los hechos el régimen de asilo y refugio establecido a partir de la Convención Internacional sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967, con el fin de hacer que los países pobres se hagan cargo de los refugiados de países vecinos a través de medidas de desterritorialización de sus fronteras, y que lidien solos con su cada vez más grande número de DFIs. El régimen de migración y asilo está pasando de uno de deportación a uno de desplazamiento forzado interno (DFI).