Por: Manuel Mecinas
Ilustración: Belén García Monroy, cortesía de Nexos
Técnicamente, la Ley Bonilla trata de dejar sin efecto la reforma de 2014, específicamente el artículo Octavo Transitorio del Decreto 112 que reformó la constitución bajacaliforniana, y que redujo el periodo del gobernador que se elegiría en junio de 2019. La última ocurrencia que han tenido los impulsores de la Ley Bonilla es la organización de una consulta popular que decida si el mandato de Bonilla será de dos años o de cinco años, como si el problema fuera el órgano que lo decide y no el contenido de la propia reforma. La consulta es un disparate por varias razones, pero la principal sigue siendo la nube que no deja ni dejará brillar a la Ley Bonilla: el tiempo. Se trata de una decisión que es inconstitucional porque no fue aprobada en el momento adecuado, que no era otro sino el previo a la convocatoria a elecciones.