Por: Josafat Cortez Salinas
Ilustración: Víctor Solís, cortesía de Nexos
La renuncia de Arturo Zaldívar al cargo de ministro de la Suprema Corte ha generado molestia en la opinión pública y en la comunidad jurídica no sólo por dejar al tribunal de mayor jerarquía del país sin que exista una alguna causa grave como lo exige la Constitución, sino por hacerlo para sumarse a la campaña de la persona que encabeza las encuestas presidenciales. Aunque la indignación está más que justificada por la relevancia política y jurídica de la posición de ministro, es necesario también reflexionar sobre las motivaciones y la cadena de acontecimientos que derivaron en su determinación. La decisión de Zaldívar es reflejo del comportamiento estratégico de un actor esencialmente político que, con esta decisión, busca reducir sus costos y maximizar su cercanía con la coalición en el gobierno para ejercer el poder político. Este comportamiento no es nuevo; por el contrario, Zaldívar siempre ha mostrado interés en acumular poder e influencia política y jurídica. En un primer momento, su herramienta principal fue la difusión de ideas jurídicas y, posteriormente, una vez que accedió a la presidencia de la Corte, se inclinó por acercarse al gobierno, en el contexto de mayor concentración de poder del último cuarto de siglo.