Por: Marcela Villalobos
Ilustración: Patricio Betteo, cortesía de Nexos
La política de mantener a las Fuerzas Armadas con el pretexto de proteger a la población y disminuir la delincuencia no sólo no ha funcionado, sino que ha incrementado el riesgo para la vida, la libertad y la seguridad de las personas de manera alarmante. Según diversos estudios, la crisis institucional de seguridad y justicia ha dado pie para justificar la represión del Estado como única estrategia, a la par del aumento de la violencia, respaldada por la popularidad de las Fuerzas Armadas. Así, con la misma narrativa desde 2006, y sin importar el partido político en el poder, en 2019 se reformó la Constitución para crear la Guardia Nacional, que nació como un cuerpo civil, pero operativamente conformado en 80 % por militares. La opacidad militar vuelve el análisis un reto, pues no hay información pública sobre operativos ni otros indicadores que puedan utilizarse para medir sus resultados. Por lo anterior, presentaré el despliegue del Ejército como un acercamiento a esta profundización de la militarización en los últimos 16 años. Esta información, obtenida mediante solicitudes de acceso a la información, da cuenta del despliegue en las actividades que señala la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), tales como: protección y vigilancia del territorio, apoyo a la seguridad pública, entre otras.