Por: Marco A. Fernández y Daniel Hernández
Ilustración: Gonzalo Tassier, cortesía de Nexos
Tomando en consideración que el plazo de aprobación de la legislación se ha retrasado hasta septiembre, y a la luz de las experiencias de las reformas curriculares previas en este siglo, en educación básica y media superior —que tomaron por lo menos dos años para su diseño y arranque— los legisladores deben considerar ampliar el plazo de uno a dos años para su revisión. Esto es necesario bajo la promesa que se hace en la legislación de impulsar mecanismos para la participación de las comunidades escolares. Apresurarse a un año podría descarrilar una correcta implementación para el funcionamiento de la nueva escuela mexicana.