Por: Alejandro Ravelo y Cristina Reyes
Ilustración: Víctor Solís, cortesía de Nexos
Para empezar, la ministra presidenta está a cargo de representar a la Suprema Corte y el Poder Judicial Federal (PJF) ante los demás poderes constitucionales. Frente a un contexto donde otros poderes cuestionan la objetividad del PJF, esta tarea implica defender la autonomía de los jueces y las decisiones tomadas por jueces y magistrados ante eventuales presiones e injerencias, tanto de otros poderes como de otros actores. Defender la integridad de la Corte es particularmente importante no sólo para asegurar el cumplimiento de sentencias por parte de los otros poderes, sino para consolidar la confianza de la sociedad en esta institución que está encargada de impartir justicia. Se necesita una Corte autónoma, y capaz de lograr que otros poderes cumplan con lo que ésta decida. La presidenta también está facultada en general para organizar e integrar al PJF, donde hay medidas concretas que la presidenta puede promover. Frente al contexto de violencia del país, es importante implementar medidas para proteger la vida e integridad física de jueces y el personal del PJF. Con el fin de mejorar la perspectiva del poder judicial frente a la ciudadanía, también se debe implementar un sistema anticorrupción que debería comenzar por la emisión de un nuevo código de ética y de mecanismos de transparencia hacia el interior.