Por: León Castellanos Jankiewicz
Ilustración: Augusto Mora, cortesía de Nexos
En su moción conjunta, las armerías solicitan que se deseche la demanda interpuesta en su contra con base en seis defensas, a saber: que México carece de capacidad procesal ante las cortes estadounidenses; que la conexión entre los daños alegados y los actos de los demandados es demasiado tenue; que las empresas no tienen el deber de proteger a México de crímenes perpetrados en territorio Mexicano; que el reclamo por alteración al orden público (public nuisance) no se aplica a la venta y manufactura de productos legales; y que el gobierno de México no puede invocar leyes mexicanas en substitución al derecho estadounidense para imputar responsabilidad a las empresas. Como argumento principal, las armerías alegan que gozan de inmunidad conforme a la Ley de Protección de Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés). Esta legislación adoptada por el Congreso estadounidense en 2005 escuda a las empresas de reclamos en materia de responsabilidad civil por actos criminales de terceros perpetrados con sus productos. El alcance de esta ley será objeto de un profundo escrutinio, en especial porque la Casa Blanca del presidente Biden ha encomiado al Congreso a abrogar PLCAA, “para responsabilizar a las distribuidoras y armerías por sus contribuciones al flujo ilegal de armas”.