Por Jaime López-Aranda Trewartha
Ilustración: Carcass
La pregunta más relevante en el contexto político actual no es quién tiene la responsabilidad formal de investigar los hechos de Minatitlán, sino quién es política y operativamente responsable de que hayan ocurrido; quién es política y operativamente responsable de que se haga justicia a las víctimas; y lo más importante, quizá, quién es política y operativamente responsable de minimizar la probabilidad de que se cometa otra masacre como ésta. Formalmente, podría argumentarse que el Gobierno Federal tiene una responsabilidad secundaria o, si se prefiere, subsidiaria en la investigación de los hechos. Una responsabilidad que quedaría satisfecha con el apoyo que brinden las fuerzas federales a las autoridades de Veracruz. Pero al menos desde 2014, es evidente que un argumento así es políticamente insostenible. “Fue el Estado” se proclamó entonces y variaciones del mismo tema se escuchan ahora. Ante los eventos límite, todos son responsables.
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