Por Lucía Carmina Jasso López
Ilustración: Estelí Meza
Los recursos públicos destinados a la búsqueda de personas desaparecidas deberían orientarse a privilegiar el acompañamiento a las familias y a la investigación que permita la localización de las personas, facilitando el acceso oportuno a las cámaras de videovigilancia cuando éstas existan, el rastreo y localización inmediato de teléfonos móviles, entre otras acciones que pueden hacer la diferencia. Asimismo, es fundamental la inversión para que todos los cuerpos encontrados sean debidamente identificados, sin errores, ni omisiones que los envíen al limbo de la “fosa común”. Sin duda la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas tiene la alta responsabilidad de cumplir con lo mandatado en la ley.