Por: María Teresa Martínez Trujillo
Ilustración: Vïctor Solís, cortesía de Nexos
Era la cuarta ocasión en que nos reuníamos con ese grupo de empresarios en Tijuana, y fue para contarles sobre los hallazgos del proyecto presentado meses atrás con el que, desde México Evalúa, trataríamos de comprender las dinámicas de extorsión y cobro de piso que se viven en la ciudad fronteriza. Nos centramos en dos hechos: la creciente extorsión no sólo ocurre en la marginada zona este de la ciudad; esta forma de “impuesto criminal” se padece en solitario, como un secreto a voces, que victimiza a más personas de las que logran capturar las estadísticas. Inquietos con el panorama descrito, los asistentes no tardaron en mostrar su vocación de emprendedores (en el sentido de los que ponen su empeño en algo): “¡Debemos protegernos, contratar a un grupo, buscar protección!”, dijo uno, impetuoso. En un contexto en el que la amenaza criminal no es inhibida por las instituciones del Estado, ¿cómo se allegan de protección los miembros del sector empresarial? ¿Qué implicaciones tienen, para su vida cotidiana y para la seguridad pública, esas formas de protección?