Por Karen Luna
Ilustración: Alma Rosa Pacheco, cortesía de Nexos
Son distintas las problemáticas imbricadas en el asunto, pero una de ellas tiene que ver precisamente con la naturaleza de la Guardia Nacional. Las reformas tal y como fueron articuladas por quienes las aprobaron, le trasladaron el “control operativo y administrativo” de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La disputa tiene que ver precisamente con esta transferencia: ¿es válida o vulnera el mandato constitucional que establece que la Guardia Nacional es una “institución civil”? El proyecto propone declarar a la gran mayoría de las normas que fueron impugnadas como inconstitucionales. Lo que interesa resaltar en este ensayo es uno de los argumentos principales que esboza el proyecto para sostener la propuesta, a saber: que la inconstitucionalidad se deriva no sólo porque las reformas contradicen lo que sí está en la Constitución, sino porque representan lo que se rechazó incluir en la Constitución. Para entender por qué es importante recordar, como hace el proyecto, la historia detrás de la reforma constitucional de 2019. Como se verá, mucho de lo que quedó en la ley en 2022 fue precisamente lo que se rechazó que quedara en la Constitución en 2019.