Por: Lisbet Brizuela
Ilustración: Kathia Recio, cortesía de Nexos
El reconocimiento de las personas con discapacidad psicosocial como sujetos plenos de derechos, así como la transformación de los servicios de salud mental para que se atengan al respeto de estos derechos, son acciones urgentes en nuestro país y en el mundo entero. La referencia debería ser el marco jurídico internacional en materia de derechos humanos y sus tratados sobre discapacidad. Atender las obligaciones que esta legislación establece para los Estados implica, inicialmente, un proceso de armonización de las leyes locales. Dado que los servicios de salud mental y, en particular, los servicios de atención psiquiátrica, son la estructura que da origen y sostiene la opresión sociocultural y legal hacia las personas con discapacidad psicosocial, es aquí por donde hay que empezar. Se debería de atajar el problema de que la autoridad psiquiátrica sea la entidad facultada para evaluar la capacidad y condición mental de las personas con el fin de validar si pueden o no ejercer su capacidad jurídica.