Por: Horacio Vives Segl
Ilustración: Estelí Meza, cortesía de Nexos
En la revocación de mandato, hay que considerar tanto las consecuencias del ejercicio que recién concluye, como sus implicaciones a futuro. Dentro de las primeras, habría que señalar la irracionalidad de realizar un proceso electoral constitucional, con todo lo que ello implica en término de costos, sólo para validar una decisión que ya se conocía: un ejercicio de vanidad para que, en su biografía política y su perfil histórico, el presidente en funciones —quien desde 1988, y de forma ininterrumpida, ha participado como candidato cada seis años— pueda acreditar que “ganó una elección” a medio camino de su mandato; ello, con desprecio absoluto a las reglas del proceso electoral y en confrontación permanente y con constantes descalificaciones a las autoridades electorales, específicamente al INE. Si de por sí es muy complejo y caro realizar elecciones en México ¿tenía algún sentido realizar un proceso en donde había total certidumbre sobre el resultado? Usualmente se señala que los procesos electorales verdaderamente democráticos son aquellos en los que hay certidumbre en las reglas e incertidumbre en el resultado. En la revocación de mandato hubo, desde el principio, certidumbre en el resultado, y —con sus flagrantes violaciones al marco constitucional y legal— el gobierno federal y sus aliados generaron incertidumbre en las reglas. La conclusión, pues, sobre si este fue un proceso realmente democrático —más allá de que hubiera una jornada electoral limpia y un árbitro imparcial— queda a la vista de todos.