Por: Ricardo Reyes Márquez
Ilustración: Vïctor Solís, cortesía de Nexos
México debe transitar de un esquema de códigos de ética —que incluyen criterios para distinguir entre opinión e información— que no sean enteramente generados por los medios de comunicación. Es indispensable trazar un mínimo desde el Estado que cumpla con las exigencias democráticas correspondientes. En otras palabras, la apuesta no debe ser una autorregulación de los medios sin ninguna restricción, ni tampoco una regulación estatal que afecte la libertad de expresión. Un esquema, como lo demuestran varias experiencias internacionales, que distinga de manera adecuada entre opinión e información no necesariamente debe resultar en una limitación de las expresiones, también puede fortalecer las dinámicas informativas en beneficio de las audiencias. Por ello, es necesario analizar detalladamente lo señalado por la SCJN para entender que el derecho a la libertad de expresión no está siendo amenazado ni coartado. La ponderación de derechos debe generar un balance entre, por un lado, la libertad de expresión de los medios y sus concesionarios y, por el otro, el derecho a ser informados de la sociedad.