Por: Alejandro Escalante
Ilustración: Estelí Meza, cortesía de Nexos
La primera vocación de la política de acceso a la información está plasmada en la Política de Transparencia, Gobierno Abierto y Datos Abiertos, publicada a mitad de sexenio. La política deja claro que se busca que la transparencia vaya más allá de una práctica que mejora el trabajo burocrático o los procesos gubernamentales. Se ha definido la transparencia como “un instrumento de acción colectiva diseñado para hacer efectiva la rendición de cuentas, combatir la corrupción y desarticular el sistema de impunidad y privilegios tan profundamente arraigados en México”. La segunda visión sobre la transparencia en este gobierno no está escrita en una política, pero aparece en un conjunto de reglas informales que la ciudadanía ha descubierto a cuentagotas a lo largo del sexenio. Ha quedado en la memoria pública con el recuerdo de que, ante preguntas factuales derivadas de información pública, el presidente asegura tener “otros datos”. Estos “otros datos” no se hacen públicos porque se declara que la información es inexistente o permanece reservada por motivos de seguridad nacional. Las reglas no escritas de esta política de transparencia incluso suponen que nuestro derecho a la información puede llevar a abusos que deberían criminalizarse.