SB4

La Ley SB4 fue ratificada por el gobernador republicano de Texas Greg Abbott el pasado 7 de mayo, y de no prosperar las demandas presentadas por Ciudades y Condados, entrará en vigor el 1 de septiembre. Bajo esta Ley, se autoriza a las autoridades locales hacer las funciones de inmigración que estaban constitucionalmente en la tutela del Gobierno Federal. El arresto o la detención de cualquier persona será también motivo para indagar el status migratorio y abre la posibilidad a la discriminación, especialmente con quienes hablen otro idioma o tengan otro color de piel. Es una Ley controversial para los ciudadanos y las autoridades dado que existen funcionarios de la policía que se niegan a cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para las deportaciones y serían sujetos de sanción administrativa, económica y hasta la cárcel. La SB4 es una Ley antiinmigrante que lastima y criminaliza el fenómeno migratorio y que pone en riesgo a la población de origen hispano. Adiciona un elemento más, a la situación de vulnerabilidad de esta comunidad, permitiendo que los agentes de inmigración deporten con mayor facilidad a los inmigrantes no autorizados. En el pasado, ha habido Leyes similares en otros estados de la Unión Americana, como lo fue la propuesta 187 en California en 1994 y la SB1070 en Arizona en 2010. Con la SB4, de tener éxito para librar las demandas judiciales que abogan por la falta de constitucionalidad de la misma, es posible que abra el camino para que más estados sigan el ejemplo de Texas. Muy probablemente las Ciudades Santuario no tendrán mayor remedio que cooperar con las autoridades de inmigración so pena de perder recursos federales. Por otro lado, si la Ciudades de Houston y de Austin ganan sus demandas, entonces habrá fuertes incentivos para evitar promover Leyes estatales que obliguen a hacer el trabajo que le corresponde al Gobierno Federal y sus políticas anti inmigrantes. Esta Ley también establece que podrá promover la remoción de autoridades electas en el estado que no acepten su implementación. Se espera un clima con mayor discriminación, violencia, abuso y discrecionalidad en los arrestos en estado de Texas donde habitan 10.4 millones de hispanos y aproximadamente 1.5 millones de inmigrantes no autorizados. Es lamentable que frente a la profunda polarización que provoco el proceso electoral entre la población estadounidense, continúen las iniciativas que ahonden aún más en dicha división entre los ciudadanos. Las divisiones políticas se suman a las divisiones raciales fragmentando cada vez más a la Nación estadounidense. Esperemos que el Poder Judicial lo resuelva en los términos del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, y conforme a las facultades que cada estado de la Unión y al Gobierno Federal le correspondan. Desde México, habrá que apoyar a las organizaciones que acompañan las demandas así como, desde los Consulados redoblar los esfuerzos para poder lograr informar a la población mexicana de las implicaciones que tendrá para la comunidad su implementación y posible entrada en vigor.