La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no puede ser ajena a la política, pero sí debe serlo a la politiquería. Una cosa es que sus integrantes tengan posturas ideológicas que influyan en sus interpretaciones de la norma (la frase más trillada entre abogados -“la ley es clarísima”- es equívoca: el mismo artículo de la misma ley puede ser “clarísimo” para dos estudiosos del derecho que infieren de él conclusiones opuestas); otra cosa es que voten en función de intereses personales.
Si bien un juzgador es un exégeta, y su ideología puede impregnar su exégesis, siempre debe actuar con rigor jurídico. En otros países, las nominaciones presidenciales pueden hacer sus tribunales liberales o conservadores pero no pueden manipular sus fallos (jueces nominados por Trump votaron contra sus litigios poselectorales en Estados Unidos). La tradición en México, por desgracia, ha sido la subordinación de la SCJN al presidente en turno. Con todo, lo que en el siglo pasado era fácil se ha vuelto difícil gracias a la transición democrática: si se atreven, los ministros pueden ser leales a sus convicciones y no a Palacio Nacional (de los impulsados por Andrés Manuel López Obrador ya lo han demostrado Juan Luis González Alcántara y Margarita Ríos Farjat).
Pero los hay que se empeñan en ser tradicionalistas. Arturo Zaldívar, quien no llegó a la SCJN a propuesta de AMLO, decidió al presidirla jugársela con él. Sí, “jugársela”, como se dice en la jerga partidista cuando un político apuesta su futuro a otro y lo sigue fielmente. Se justificaba diciendo que el Poder Judicial no es oposición al Ejecutivo, aunque convenientemente olvidaba agregar que mucho menos es su apéndice. La división de poderes se ideó para evitar que alguien, especialmente quien manda unipersonalmente, sea demasiado poderoso. Se pierde un equilibrio democrático si el presidente de la Corte se dedica a complacer al presidente de la República.
Hay otro caso ilustrativo. Yasmín Esquivel, quien sí fue impulsada por AMLO, también se sometió a él, confiando que así llegaría a suceder a Zaldívar. Pero he aquí que se topó con un proverbial cazador de plagiarios, Guillermo Sheridan (a quien, por cierto, le debemos un enorme agradecimiento). Hay quienes piden que ella renuncie por vergüenza; ¿cabe esperar esa decisión de alguien que desvergonzadamente copió la tesis que le dio su título e incurrió en sinvergüenzadas adultas para ocultar un pecado juvenil? Debería defenestrarla la SEP o la SCJN, de preferencia ambas. Es mayor el daño que su permanencia le hace a la judicatura mexicana que la seguramente improcedente impugnación a votaciones (aunque la 4T se vea tentada a impugnar la plausible elección de Norma Piña como presidenta, pues Esquivel votó por ella).
Los ministros deben tener credenciales éticas impecables. La corrupción no se limita a la venta del voto; la sumisión al Ejecutivo y las trapacerías son corruptelas que lastiman a la Corte. Urge decencia: “Recato, honestidad”, dice el diccionario; “Dignidad en los actos y en las palabras”. Decencia es lo que México pide a gritos. Que a la SCJN lleguen juristas honestos, dignos, que apelen a la política para discernir el mejor rumbo para el país y no a la politiquería para buscar el mejor camino para sí mismos. Carajo, ¿es mucho pedir?
Agustín Basave Benítez