El sistema político de Estados Unidos fragmenta el poder. Además de los checks and balances —legislativo, ejecutivo y judicial— están las agencias, cada una con sus intereses y margen de autonomía. Esa fragmentación, sin embargo, no impide que la cosa pública estadounidense actúe con notable cohesión en ciertos asuntos. Es el caso del juicio a Genaro García Luna. La DEA (Drug Enforcement Administration), que busca exhibir las complicidades entre cárteles de la droga y autoridades en México, sumó a su causa a la Fiscalía General de Estados Unidos. Fracasó contra el General Cienfuegos, pero parece que ahora se saldrá con la suya.
No hay que ir al conspiracionismo del deep state para inferir que a los centros de poder de nuestro vecino del norte les conviene probar la corrupción mexicana. Es obvia, por desgracia, nadie puede negarla, pero les interesa convertirla en verdad legal para aumentar su presión en ese punto de la agenda bilateral. Ahora bien, al juzgar a García Luna —aclaro de una vez: por mí que lo metan a la cárcel— ventilan testimonios que pintan un cuadro de horror: la criminalidad en nuestro país ha penetrado todas las corporaciones policiacas y militares y, peor aún, todos los estratos políticos y sociales. Esa pintura parece la de un narcoestado.
El presidente López Obrador pensó que la Corte de Brooklyn solo enlodaría a su archienemigo, Felipe Calderón, y lanzó urbi et orbi el mensaje de que Estados Unidos revelaría lo que México oculta. Al hacerlo avaló la tesis de que allá no hay consigna: hay justicia. Cuando se dio cuenta de que el lodo iba a otras partes y que llegó a salpicarlo a él, reculó. Se quejó de que —¡oh sorpresa!— no se interrogó a agentes estadounidenses que sin duda supieron de las tropelías de Genaro García Luna. Comprendió demasiado tarde que no se condenaría a un expresidente sino al Estado mexicano.
¿Por qué se equivocó? Porque ignora cómo funciona el sistema estadounidense y porque, por su personalismo voluntarista, no entiende que padecemos una corrupción sistémica que opera con o sin la voluntad del presidente en turno. Se trata de un engranaje aceitado con dinero sucio que gira en torno a viejos mandos corruptos de las policías, del ámbito castrense y de la política, junto con nuevos fichajes que consigue la enorme fuerza corruptora del crimen organizado. La idea de AMLO de que esa corrupción acabó en automático con su llegada a la Presidencia refleja tanta megalomanía como ingenuidad. Y es que los caudillos soslayan algo que se llama Estado y que, por más que lo socaven, trasciende para bien y para mal a los gobiernos. Es ahí a donde apuntan los obuses de la fiscal Saritha Komatireddy y, sí, de los Estados Unidos.
Creo que AMLO se arrepentirá de haber aplaudido el juicio de Nueva York. Su política de seguridad disfuncional y la ausencia de una política anticorrupción hacen probable que en el futuro le aparezca un García Luna que, aunque sea de menor jerarquía y se haya ido “por la libre”, acabe frente al ventilador estadounidense que hoy está arrojando mierda mexicana. Es triste que el desdén populista de AMLO hacia la institucionalidad haya impedido encender en México ese ventilador al enjuiciar a sus antecesores, comenzando por la ruptura de su pacto de impunidad con Peña Nieto.
@abasave