La trágica muerte de 39 migrantes es consecuencia del entreguismo y de la corrupción. Por miedo a Donald Trump, el presidente López Obrador avaló algo muy parecido al status de tercer país seguro y, peor aún, aceptó convertirse de facto en el comisionado de la “migra” estadounidense en México. Y por la corruptela nuestra de cada día, la corrupción sistémica contra la cual AMLO no ha establecido ninguna política pública, los migrantes son ultrajados por el Instituto Nacional de Migración. Ambas cosas llevaron al crimen de Ciudad Juárez.
El gobierno mexicano se dobló ante Trump y se mantiene doblado ante Biden. De 2020 para acá, a partir de la salida de su impresentable amigo de la Casa Blanca, AMLO endureció las palabras pero, paradójicamente, suavizó los hechos. En la agenda migratoria de nuestra relación bilateral con Estados Unidos nada ha cambiado: se sigue deteniendo a los migrantes en nuestra frontera sur, vejándolos a lo largo del país y guardándolos en la inhóspita sala de espera de nuestra frontera norte. Aquí entra en juego la corrupción: los agentes del INM los extorsionan y los zahieren porque eso han hecho siempre y porque nada se hace hoy para evitarlo.
Corromper es echar a perder, dice el diccionario, y la corrupción sistémica echa a perder sistemáticamente a México. Está enquistada en la burocracia y no desaparece cuando un presidente decide no encabezarla. La maquinaria corruptora es transexenal: no se apaga nunca, solo incorpora nuevos mandos y beneficiarios cada seis años y relega a quienes no quieran entrar al juego. No se detiene con voluntarismo sino con cambios estructurales que anulen los incentivos perversos que la alimentan. Cierto, hay otra corrupción, la del saqueo episódico de políticos encumbrados, pero esa tampoco se corrige por ósmosis; funcionará mientras exista el pacto de impunidad que protege a expresidentes corruptos como Peña Nieto, a quien AMLO no quiere tocar.
He aquí las causas de la tragedia de Juárez. Nos comprometimos con Estados Unidos a disminuir el número de inmigrantes en su territorio -y aumentarlo en el nuestro- y AMLO encomendó la ejecución de tal despropósito a la Guardia Nacional y al INM, tan corrompidos como las policías o las aduanas, como todas las dependencias que “atienden” a la gente. La cuestión es si AMLO puede impedir que una atrocidad así vuelva a suceder en tanto siga haciendo el trabajo sucio a los vecinos. Ni modo que defienda el desatino de la militarización como correctivo: el delegado o representante del INM en Chihuahua es un contralmirante retirado.
Si el Sistema Nacional Anticorrupción le parece ineficaz a AMLO, que lo simplifique o lo reemplace. Creer que basta con su voluntad para que nuestro país deje de echarse a perder es una necedad. Es imperativo acercar la norma a la realidad y tener buenas políticas públicas. La mafia del poder también está en los mandos medios; de hecho, está en toda la estructura burocrática que opera bajo las inefables reglas no escritas que rigen cotidianamente a este país y que, al final del gobierno de AMLO, siguen intactas.
Hace cinco años la 4T proclamó que recibiría a los migrantes con los brazos abiertos. Ahora permite que se calcinen entre las llamas porque mantiene la puerta cerrada.