Encontraron su causa perfecta. El relleno sanitario de Chiltepeque se convirtió, de pronto, en bandera de una supuesta lucha social con seudoambientalistas, líderes improvisados y actores políticos disfrazados de ciudadanos indignados.
Pero cuando se revisan los hechos, más allá de los discursos, los gritos y los bloqueos, resulta que el conflicto se desinfla. Ante las autoridades federales, como la PROFEPA y la SEMARNAT, el relleno sanitario cumple con permisos, licencias y normatividad. No hay clausuras, ni restricciones y menos observaciones que justifiquen el cierre.
El relleno sanitario presta servicio no solo a la ciudad de Puebla, sino a Amozoc, Cuautlancingo, Coronango, Santa Clara Ocoyucan, Huejotzingo, San Andrés, San Pedro y Santa Isabel Cholula, es decir, a nueve municipios de la zona conurbada con un beneficio directo para cientos de miles de personas, además que tiene una vida útil estimada de casi una década.
Entonces, si todo está dentro de la norma, ¿por qué cerrar accesos, bloquear el servicio y poner en riesgo sanitario a toda una región?
Y entonces la respuesta apesta tanto como la basura, pues se descubre que hay intereses políticos muy claros.
No es la primera vez. En Xoxtla, un grupo de agitadores cerró la autopista Puebla–México acusando un supuesto robo de agua. Después se supo que no defendían a la comunidad, sino a un comité autoerigido como autoridad que lucraba con el recurso. Cuando la autoridad intervino, el discurso se cayó y los “defensores” desaparecieron.
Ha pasado también con falsas denuncias de desapariciones. Se agita el dolor social, se paraliza la ciudad, se genera caos y al final resulta que no había desaparición, sino una huida voluntaria. El daño, eso sí, ya estaba hecho y sin consecuencias.
Quiere decir que los conflictos que estallan de la nada afectan servicios esenciales, bloquean vialidades, hay tensión entre la autoridad estatal y municipal, aunque siempre acaban con el sello de la impunidad.
Y ¿por qué nadie responde legalmente por cerrar carreteras, por impedir servicios públicos, por afectar a miles de ciudadanos? ¿Por qué la ley se aplica con tibieza cuando el desorden se disfraza de causa social?
Si el relleno cumple, entonces desestabilizar la zona no es activismo sino cálculo y tolerarlo es renunciar al Estado de Derecho.
Porque cuando no hay consecuencias, el siguiente bloqueo ya está en camino.