No fue casualidad ni tampoco improvisación.
Lo que ocurrió esta semana con el transporte público era un daño colateral anunciado. Un golpe que el gobierno sabía que iba a doler, pero que consideró necesario para intentar poner orden en un sector que durante décadas vivió del compadrazgo con el gobernador en turno y el secretario del ramo.
No hubo paro organizado y menos estrategia maestra para doblar al Estado.
No hubo “levantamiento” de concesionarios pero sí hubo miedo.
Miedo de perder la unidad, miedo al corralón y desde luego, a las multas.
Por eso desaparecieron los camiones.
Algunos intentaron vender la narrativa del boicot. Quisieron ponerse la medalla del “jaque al gobierno”. Pero la realidad es mucho más simple ya que muchos concesionarios prefirieron guardar sus unidades antes que arriesgarse a un operativo que advirtieron desde hace meses.
La crisis no la provocaron los transportistas inconformes, la provocó un sistema acostumbrado al moche.
Se le pueden cuestionar muchas cosas a esta administración (muchas), pero esta vez hay un dato imposible de ignorar, ya que la Revista Vehicular se anunció hace un año, es decir, no llegó por sorpresa.
Se dejó en claro que el objetivo era saber cuántas unidades circulan realmente en Puebla, cuántas cumplen estándares mínimos de seguridad, cuántas tienen papeles en regla y cuántas son, literalmente, trampas con ruedas.
Había que depurar, porque todos lo sabemos, lo vemos todos los días y la gente se queja todo el tiempo.
Camiones viejos, puertas que no cierran, frenos dudosos, choferes explotados y lamentablemente, usuarios resignados.
Y la fórmula perfecta son los concesionarios haciendo lo que quieren.
Nada que ver con el impresentable de Miguel Barbosa, quien en 2019 autorizó un aumento de 6.00 a 8.50 pesos bajo la promesa (incumplida) de modernizar las unidades.
El dinero sí lo cobraron, pero las mejoras nunca llegaron.
Hoy el riesgo es que el gobierno ceda, que otorgue una nueva prórroga, que regresen las mismas unidades con los mismos vicios y el mismo servicio deficiente.
Sería el peor desenlace.
Y lamentablemente, los principales afectados siguen siendo los usuarios, llegan tarde al trabajo, a la escuela, familias que pagan las consecuencias de un sistema podrido desde hace años.
Esto no es solo un conflicto de transporte sino una prueba de autoridad.
Ya veremos quién se cansa primero.