La política poblana no suele regalar fotos inocentes y la de días atrás, encendió los radares, pues aparecen los liderazgos más importantes del morenismo local.
En primer lugar, el gobernador Alejandro Armenta Mier y con él, su coordinador de gabinete, José Luis García Parra. Por otro lado, el ex gobernador sustituto, Sergio Céspedes Peregrina, el alcalde de la cuidad, José Chedraui Budib; y junto a ellos, Javier Aquino Limón, ex secretario de gobernación de Céspedes y de Bienestar con Armenta.
Dicen que fue por “unidad”, pero más bien olía a sucesión.
Porque en política, cuando todos se abrazan, alguien ya está contando los cuchillos.
Las encuestas internas colocan a García Parra como puntero rumbo a la alcaldía de Puebla, pero Chedraui no ha dicho su última palabra.
Apostaría por la reelección, aunque Claudia Sheinbaum ya pidió evitarla, no por él, sino por regla general, para mantener el juego limpio entre los morenistas con aspiraciones.
En política, las ausencias pesan más que las presencias y en esa mesa faltó Laura Artemisa García, pieza clave del armentismo y nombre que aparece en todos los escenarios si la candidatura termina siendo para mujer.
Porque el 2027 ya empezó y aunque sonrían para la cámara, cada quien ya está midiendo su encuadre en la sucesión.
Sobre el caso Manzo
Lo que ocurrió en Uruapan, Michoacán, con el asesinato de Carlos Manzo, debe replantear la estrategia de seguridad en el país, sobre todo en aquellas regiones donde el crimen organizado ha penetrado de forma evidente y preocupante, pero más aun, con aquellos personajes, ya sea población civil o alcaldes que son públicamente amenazados y que así los han manifestado, suplicando el apoyo de la autoridad federal.
También evidencia el fracaso de la protección federal en casos donde las víctimas han solicitado seguridad por el nivel de amenaza que representan los grupos delictivos, ya sea contra alcaldes, activistas, empresarios y hasta periodistas.
Para el caso Puebla, no hay que olvidar que han ocurrido hechos similares, desde el asesinato de activistas, candidatos y alcaldes, lo que obliga a revisar los protocolos de actuación para prevenir que los grupos delictivos que amenazan, se salgan con la suya.
Antes levantar la voz era suficiente para que se evitara una tragedia.