A casi 600 días de haber iniciado la administración, Alejandro Armenta parece haber tomado la decisión de concentrar el capital político en dos frentes que impactan todos los días la vida de los ciudadanos. Por un lado la seguridad y por otro, la infraestructura.
Durante décadas, la obra pública dejó de ser una política de desarrollo para convertirse en un negocio. Era la vieja cultura de la “milpa” e incluso la de los “moches”. Contratos repartidos entre amigos, compadres, familiares o patrocinadores políticos. Así nacieron fortunas inexplicables y constructoras que aparecieron de la noche a la mañana.
El discurso de Armenta busca romper con esa mala maña.
En un recorrido con periodistas y columnistas, se hizo un recorrido en parte de las vialidades intervenidas dentro del programa con el que pretende transformar la movilidad de la zona metropolitana. Quiere rehabilitar el equivalente a 53 mil calles mediante 13 trenes de pavimentación propiedad del estado y con el respaldo de Pemex.
Hasta ahora, el gobierno estatal presume la conclusión de un circuito de 33 vialidades principales, una intervención que equivale a alrededor de cinco mil calles y que fue financiada completamente con recursos propios.
Lo más interesante, sin embargo, viene después.
Para las calles secundarias y terciarias, el modelo pretende eliminar buena parte de la burocracia para que la comunidad organice un comité de cinco vecinos, presente un croquis de la calle, reúna las firmas y el gobierno ejecute la obra.
Suena bien, pero toda estrategia pública termina enfrentándose con la realidad.
El primer desafío tiene nombre (Agua) y apellido (de Puebla). De poco servirá pavimentar si semanas después las máquinas vuelven a romper el asfalto para reparar fugas o sustituir tuberías.
El segundo reto recae en los municipios ya que pavimentar es apenas el comienzo, pero conservar las vialidades exige mantenimiento permanente.
Y es que las calles no solo conectan colonias, sino que también moldean el estado de ánimo de una ciudad. Un bache no solo rompe una suspensión, sino la percepción de que alguien está gobernando.
Es decir, que gobernar también pasa por algo tan cotidiano como el camino que millones de personas recorren cada mañana para ir a trabajar.