Cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos pone bajo la lupa a un gobernador en funciones, en este caso a Rubén Rocha Moya, ya no estamos hablando de rumores ni de filtraciones. Estamos frente a un mensaje político de alto calibre. Y esos mensajes, en la relación México-Estados Unidos, rara vez son gratuitos.
Lo que se confirma o se oficializa, es una sospecha que el ciudadano común ha cargado durante años.
Lamentablemente no es un tema nuevo ni exclusivo del partido que hoy gobierna. En una escala muy diferente, en Puebla hemos vivido episodios donde también la clase política se ha visto ligada a los grupos delincuenciales.
El punto de quiebre llegó en 2018, con la irrupción de Andrés Manuel López Obrador y su apuesta por una estrategia que él mismo sintetizó en una frase polémica, la de “abrazos, no balazos”. Más que un eslogan, fue una definición de Estado y también, para sus críticos, una señal de permisividad.
Mientras el gobierno bajaba el tono del enfrentamiento, los grupos criminales no hicieron lo mismo sino que se expandieron, se diversificaron y ganaron territorio.
Y entonces llegó el factor que nadie en Palacio Nacional controlaba con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Un actor que no juega a la diplomacia suave cuando se trata de seguridad. Un actor que presiona, exhibe y condiciona.
La llegada de Claudia Sheinbaum implicó, más que una ruptura discursiva, un ajuste de realidad. Los abrazos desaparecieron y los balazos comenzaron a administrarse con cálculo político, inteligencia operativa y presión internacional de fondo.
En ese viraje, la figura de Omar García Harfuch ha ganado peso específico. Su perfil técnico y su cercanía con el nuevo poder lo colocan como una especie de bisagra entre lo que fue la permisividad y el endurecimiento.
El mensaje hacia adentro es claro. Y hacia afuera, también.
Estados como Puebla no son ajenos a esta reconfiguración. Aquí también se entendió que replicar el modelo anterior implicaba riesgos políticos y de seguridad demasiado altos. Alinearse a la nueva lógica no es solo conveniente sino necesario.
Y es que si un gobernador puede ser señalado desde Washington, con todo lo que eso implica, el margen de maniobra para el resto de la clase política, se reduce drásticamente.