Emilio Lozoya, uno de los hombres más poderosos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, hoy vive con miedo al interior de una celda del Reclusorio Norte. Cuenta con equipo de seguridad, vigilancia con cámaras las 24 horas del día y porta chaleco antibalas. El motivo: una supuesta amenaza de muerte, de la que su abogado Miguel Ontiveros me dio cuenta en la entrevista que concedió la semana pasada en MILENIO Tv.
Pero el miedo de Lozoya no solo es por su seguridad, también es por tener que quedarse ahí encerrado durante décadas, en caso de ir a juicio y ser declarado culpable de los actos de corrupción de los que se le acusa, los sobornos recibidos por parte de la empresa Odebrecht y la compra a sobreprecio de la planta Agronitrogenados.
Según su abogado, ya estaban por firmar el acuerdo reparatorio por alrededor de 200 millones de pesos y, por “una orden superior”, les cancelaron.
“El Consejo de Administración de Pemex lo aprobó. En marzo del año pasado redactamos el acuerdo. A un par de horas de firmar el acuerdo, el 11 de abril de 2022, yendo hacia el reclusorio, recibo una llamada de un funcionario de Pemex y me dijo que se suspendía la firma del acuerdo por órdenes superiores. Íbamos a firmar Pemex, la UIF, los abogados, la madre de Emilio Lozoya —porque ella pone de garantía su casa y otros inmuebles—”, aseguró.
El abogado no entiende por qué Lozoya sigue en la cárcel y descarta que su cliente se sienta traicionado por la Fiscalía General de la República y el presidente Andrés Manuel López Obrador, por el contrario, dice, “les tiene absoluta confianza”.
El miedo de Lozoya de evitar confrontar al gobierno actual también recae en que no solo él es el señalado. Su esposa, prófuga en Alemania, su madre en arresto domiciliario y su hermana, también prófuga, tienen órdenes de aprehensión.
Anoche la periodista Lourdes Mendoza, señalada por Lozoya, me dijo en entrevista que es falso que Lozoya ya haya aportado pruebas. Que por eso está en la cárcel y no quiere ir a juicio porque sabe que es culpable de lo que se le acusa.
En su caso, por la vía civil, Lozoya la debe indemnizar y reconocer que mintió. Por la vía penal busca probar que cayó en falsedad de declaraciones.
Y si es cierto todo lo que dice, todos los sobornos que dice haber entregado, “¿por qué el dinero está en sus cuentas o en las casas que se compró?”, pregunta Mendoza.