A cuatro meses del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez ninguna autoridad ha informado de la reparación del daño a las familias de los 40 fallecidos ni de los 28 sobrevivientes, dos de ellos acusados de haber iniciado el fuego.
Dirán que se les ha dado atención médica, ayuda para gastos funerarios y el traslado de restos a sus países, cuando fueron dos venezolanos los que “dolosamente lo provocaron”. Ese es el discurso de quien aún ostenta la dirección general del INM, Francisco Garduño, que en su última declaración sobre lo ocurrido se dice extrañado de estar vinculado a proceso, a pesar de estar a mil 800 kilómetros de distancia de donde se generó el incendio y un guardia de una empresa de seguridad ¡QUE ELLOS CONTRATARON! no encontró la llave para abrir la reja.
Se están lavando las manos.
Entrevisté a Enrique, uno de los sobrevivientes que, junto a su esposa Heidi, llevan cuatro meses aquí, separados de sus hijos de 2 y 5 años, esperando que se haga justicia. Enrique acude a sus citas médicas sin que le hayan entregado su expediente. Le arden los ojos y solo le mandaron a hacer lentes. Se siente débil, muy cansado. En el incendio uno de sus pulmones se llenó de humo. Estuvo 21 días intubado.
Están en un hotel junto a ocho familias. El INM paga la habitación y los alimentos, pero si quieren comer fuera o comprarse algo ellos lo tienen que pagar.
Personal de la Comisión de Atención a Víctimas los ha revictimizado. Les han dicho que “ya quisieran estar en sus condiciones” y que con lo que les pasó “se sacaron la lotería”. El trato es infame y la espera es otra injusticia, pues tienen derecho a una indemnización económica, atención y seguimiento médico de por vida y asistencia a todas sus necesidades donde estén.
Heidi y Enrique han pedido que sus hijos sean traídos a México desde Guatemala, pero los han ignorado. En su país, el canciller Mario Búcaro se comprometió conmigo a revisar el tema. ¿Aquí qué autoridad los está acompañando?
Sus representantes legales accedieron hace apenas dos semanas a la carpeta de investigación de la FGR a pesar de que cuando ocurrió el incendio la fiscal de derechos humanos, Sara Irene Herrerías, dijo que la investigación sería “transparente para dar justicia”.
¿Dónde quedaron las promesas de la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, sobre que la instrucción era “dar apoyo a los familiares, ayudar a que los heridos tengan toda la atención médica” y lograr “la no repetición y la reparación del daño a las víctimas”?