M+.- Desde la semana pasada que conocimos la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el senador Enrique Inzunza Cázares; y otros 7 funcionarios del estado, el discurso desde la Presidencia de México, cancillería, Fiscalía General de la República y la 4T en general ha sido argumentar que en la solicitud de detención provisional con fines de extradición no hay pruebas de lo que se relata en su contra. Que las esperarán y procesarán siempre y cuando sean irrefutables.
Aunque los fiscales estadunidenses debieron presentarlas ante el Gran Jurado que determinó que sí había elementos para perseguir al gobernador mexicano y hacerlas llegar a la FGR una vez iniciado el proceso de extradición, en México se informó que también se inició una investigación al respecto.
Parece que en la nueva administración de FGR ignoran lo que ya hizo la anterior. Documentos que revisó personalmente el fiscal Alejandro Gertz Manero en su oficina.
Varios de sus subordinados llegaron a tocar el tema con él. Y le preguntaron directamente qué tan cierta era la supuesta complicidad criminal del gobernador morenista. Su respuesta, siempre fue afirmativa. “Está metido hasta el cuello”, respondió.
Ocurrió cuando ya se había hecho pública la carta de Ismael El Mayo Zambada con los señalamientos contra Rocha, pero desde 2021 la FGR le seguía la pista por presuntamente tener vínculos con el cártel de Sinaloa.
La inacción al respecto no fue decisión exclusiva del fiscal. La determinación fue política, más no jurídica. Es decir, la petición de no proceder vino desde Palacio Nacional.
Viéndolo en retrospectiva, ¿no habría convenido a México acusarlo, procesarlo, condenarlo o en su caso exonerarlo en su país? ¿Aún sería conveniente hacerlo con otras figuras políticas en la mira de Estados Unidos?
Me queda la duda si realmente esto de acusar políticos de tal nivel sobre su presunta complicidad con el narco es posible, o si lo que pasa en México es que no cuentan con los instrumentos necesarios y legales para comprobarles los señalamientos ante un juez.
Es muy extraño que el villano favorito de la 4T, Genaro García Luna, no tenga un proceso abierto por narcotráfico, tráfico de armas, o enriquecimiento ilícito proveniente del narco. En México lo acusan de enriquecerse, sí, pero con contratos públicos. De corrupto, pues, pero no de narco.