M+.- A propios y extraños les tomó por sorpresa la iniciativa presidencial que pretende garantizar la integridad de los candidatos a cualquier puesto de elección a partir del 2027.
La propuesta se presentó el jueves horas antes de la reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, por lo que llevaba dedicatoria.
Sin embargo, pasó de noche en Estados Unidos y aquí en México sí develó complicaciones para materializarla.
Al Instituto Nacional Electoral le cayó como balde de agua fría al atribuirle una carga más. Ayer, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, quiso dejar en claro hasta dónde podrá contribuir el árbitro electoral.
La iniciativa propone la creación de una comisión más dentro del Instituto, compuesta por 5 consejeros que, según las primeras interpretaciones que se hicieron, determinaría el riesgo de cada candidato enlistado de forma voluntaria por los partidos políticos. Pero el INE sólo concentrará las listas y las entregará a la FGR, la UIF, la CNBV y al SAT, para que esas dependencias hagan la revisión correspondiente y determinen quiénes representan un riesgo. Resolución que el Instituto deberá entregar de vuelta a los partidos.
La propuesta presidencial cayó de sorpresa hasta en Morena, donde ya hacen ese procedimiento antes de postular candidatos y sin intermediarios. Una revisión discrecional que por cierto no les ha resultado, pues en casos como el del alcalde de Tequila, Jalisco, no lograron detectar el pacto criminal que hizo como candidato y que se materializó en el cargo al convertirse en el jefe de las extorsiones dentro del municipio.
Los vacíos que tiene la iniciativa podrían incentivar denuncias entre partidos políticos y candidatos antes o durante las revisiones de integridad de los aspirantes, para que las autoridades detecten los señalamientos. Lo que impulsaría a los partidos a bajar hasta a los más competitivos ante la determinación del riesgo.
Si los legisladores no hacen las precisiones correspondientes en el dictamen que esta semana analizarán y votarán, la reforma no resolverá el riesgo de la intervención del crimen en las elecciones ni prevendrá que personas vinculadas a la delincuencia sean electas.
Lograrlo con el respaldo del INE, las autoridades competentes y con todos los partidos políticos sí enviaría un mensaje claro a Washington y no solo uno de bienvenida.