Al Partido Verde se la van a cobrar tarde o temprano. La semana pasada concretó el primer golpe a Morena y a la Presidenta que se minimizó bajo el argumento de mantener a la bancada oficialista unida para conservar la mayoría calificada en ambas cámaras.
El motivo: la entrada en vigor de la prohibición del nepotismo electoral, que en Palacio Nacional quieren que sea en 2027, pero que en el Partido Verde no lo aceptaron porque quieren postular a la esposa del actual gobernador de San Luis Potosí o al menos tener la posibilidad de hacerlo para negociar con Morena esa gubernatura en 2027.
El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, fue quien avisó personalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum de la dificultad por reunir los votos necesarios en caso de votar sin el Partido Verde. Ella accedió al ver la dificultad que le presentaron.
La jugada de El Güero, como apodan a Manuel Velasco, no solo implicó a su propia bancada, sino que convenció a sus cuates de bancadas opositoras. Casi todo el PRI, a través de Alito Moreno; su aliado de la época peñista, Manlio Fabio Beltrones, que ahora no tiene bancada, y su amigo mexiquense, el panista Enrique Vargas, ex alcalde de Huixquilucan, que actualmente gobierna su esposa (por si alguien se pregunta cuál es su interés).
El Verde armó así su pequeño bloque de contención al que recurrirá cuando quiera cambiarle algo a las iniciativas de Morena o de la presidenta Sheinbaum.
La presión no cayó nada bien entre los más cercanos a Palacio. Por eso le leyeron la cartilla a todo aquel que en Morena desee postularse en 2027 si en el cargo al que aspiran están actualmente sus familiares. Deben esperar o se verán muy mal.
Para la negociación de San Luis Potosí ya se ordenó desempolvar el expediente que en el Centro Nacional de Inteligencia se formuló desde 2021 contra el entonces gobernador electo Ricardo Gallardo por presuntos vínculos con Los Zetas y el cártel del Noreste, recién nombradas organizaciones terroristas por Estados Unidos. Además de la denuncia que la Unidad de Inteligencia Financiera presentó en 2020 por una presunta red de defraudación fiscal y corrupción, a través de la compra de propiedades millonarias, que implicaría posible lavado de recursos de procedencia ilícita.
Lo raro es que Adán Augusto López no sacara esa carta al negociar la iniciativa de la Presidenta con el Partido Verde. ¿Tendrán ellos otra carta más fuerte?