Él se presentaba como director de marketing y cazatalentos de la firma Lee Hecht Harrison; ella nada más era su esposa, ama de casa al cuidado de sus dos hijos.
Se casaron en Monterrey, lugar donde nació ella, la boda fue en una mezquita en la colonia Obispado, debido a la religión de él y que ella había adoptado como suya.
Entonces el matrimonio feliz, estimado lector, se mudó a España porque ahí era donde trabajaba él y procrearon dos hijos; hoy tienen cinco y tres años de edad.
Todo al parecer es una historia de amor que rebasa culturas, religiones y países, hasta que a él, Aziz Zaghnane, lo detienen las autoridades en España en mayo pasado y lo acusan de ser un promotor del terrorismo islámico, por “enaltecimiento y adoctrinamiento yihadista en internet”; es decir, publicaba cosas en las redes sociales que invitaban o tenían que ver con los radicales terroristas islámicos.
Ella, Ana Marilú Reyna Castillo, fue detenida la semana pasada por los mismos delitos.
Según las investigaciones, Ana Marilú publicaba en redes sociales con el nombre de Hayar, su “kunya” o su nombre de guerra. También en ocasiones se presentaba como Hajjar y así compartía el ideario extremista.
Esta historia es extraña y hasta incomprensible porque las autoridades en España marcaron a este matrimonio como terrorista, con únicamente leer sus tuits y mensajes de Facebook.
Es verdad que las organizaciones terroristas reclutan gente usando las redes sociales, pero también lo hacen platicando con personas en las plazas de las ciudades, en los cafés o bares.
También es verdad que existe preocupación en las oficinas de seguridad internacionales (en EU y Europa) porque las redes sociales sirven para unir a las personas en los intereses comunes, no importa si son coleccionistas de alguna rareza o son disidentes de alguna injusticia o radicales de todo orden social. Ahí, en las redes sociales, encontrarán personas con las inquietudes.
Recientemente las compañías de redes sociales se reunieron y en conjunto lanzaron un comunicado para establecer su intención de evitar que las redes sirvan para fines terroristas y criminales.
El problema en estos asuntos es que la línea entre la libertad de expresión y el delito está muy, muy, delgada, tanto que parece imposible distinguirla. Los criterios que usan para señalar un terrorista en Facebook, Twitter o Instagram, por ejemplo, no son los mismos.
El día 2 de febrero, Berenguer Jordi Moya Hernández, un tuitero de 21 años, fue condenado a dos años de cárcel en España por delito de enaltecimiento al odio y al terrorismo por los comentarios publicados en Twitter.
En concreto, el tribunal que lo enjuició se refiere a ocho tuits publicados: “53 asesinadas por violencia de género machista en lo que va de año, pocas me parecen con la de putas que hay sueltas”; “Y 2015 finalizará con 56 asesinadas, no es una buena marca, pero se hizo lo que se pudo, a ver si en 2016 doblamos esa cifra, gracias”; “Ya tengo los explosivos preparados para esta noche liarla en Sol, Feliz Año, Alá en grande” y “Ahora sólo falta un atentado en Madrid, unos cuantos españoles muertos y un 2015 de puta madre”.
El chamaco tenía 2 mil seguidores en su cuenta y las autoridades en España consideran que se trata de un delincuente anunciando sus delitos.
Entonces, ¿hasta dónde se trata de libertad de expresión y hasta dónde se comete un delito? No está claro.
Lo voy a confesar: tengo el temor de que al publicar mi duda en este momento cometa un delito por el simple hecho de hablar de ello, porque en la aplicación de la ley no existen los matices como la ironía, el sarcasmo, la parodia o simplemente el humor, todos propios y comunes de la interacción en redes sociales.
Con esto, amigo lector, no pretendo decir que son inocentes los enjuiciados en España; no, pero sí me parece que la libertad de expresión no se debe reducir al criterio de una persona, en un país y en un momento… eso no debe suceder… o usted, ¿qué opina?
alejandro.gonzalez@milenio.com