De inicio, la palabra suena extraña. Quienes nos dedicamos a la comunicación, la utilizamos para referirnos básicamente a los recursos públicos que reciben los partidos políticos cada año. Según el diccionario, la palabra “prerrogativa” significa: “Privilegio, gracia o exención que se concede a alguien para que goce de ello, inherente regularmente a una dignidad, empleo o cargo”. Interesante pues que los partidos en nuestro país gocen de este “privilegio, gracia o exención”, que para el caso del Estado de México significa que, el próximo año, Morena podría recibir 222 millones 158 mil pesos; el PRI, 129 millones 472 mil pesos; PAN, 95 millones 113 mil pesos; el PRD, 57 millones 632 mil pesos; el PVEM, 46 millones 752 mil pesos; el PT, 41 millones 613 mil pesos; Nueva Alianza, 42 millones 94 mil pesos; y Movimiento Ciudadano, que no logró el 3% de los votos en la pasada elección local, y en consecuencia “perdería su registro”, a nivel nacional lo mantiene debido al porcentaje de votos obtenido en la elección presidencial, por lo que de todas maneras recibiría 12 millones 955 mil pesos.
Dados los resultados de los últimos procesos, y el interés que ha expresado el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, de hacer eficiente el gasto público, ¿valdría la pena una revisión legislativa de este tema? ¿Se podrían reducir los montos que se asignan a partidos, y canalizarlos a necesidades sociales sustantivas? Refiero el siguiente caso por vecindad, y porque recién se renovó un acuerdo comercial con ellos: los Estados Unidos.
Allí desde 1944, los partidos se financian a través de las “PACs” (Comités de Acción Política), que promueven los puntos de vista de sus miembros sobre determinados asuntos y recaudan fondos para financiar a un candidato; y desde 1971 la “FECA” (Ley Federal de Campañas Electorales), obliga a que se divulguen todos los detalles relacionados con las contribuciones financieras, además de establecer límites en el monto de las donaciones.
Así que se puede consultar los montos y nombres de donaciones particulares o de empresas a tal o cual candidato sin problema alguno. ¿Se podría buscar un esquema similar mixto en nuestro país? Es decir, recursos públicos y algo parecido a las “PACs”? No está por demás reflexionar al respecto.
omega1_8@hotmail.com