Servicio público digno

En días recientes la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, tras retomar una minuta del Senado que estuvo pendiente desde 2011. Dicha ley contempla principalmente que ningún servidor público pueda percibir una remuneración mayor a la del Presidente de la República. Habiendo dado este primer paso, la ruta crítica parece apuntar hacia la reducción —se ha dicho que hasta en un 50 por ciento— de los sueldos y prestaciones de los servidores públicos.

El debate central en torno a este tema se ha centrado, primero, en que los servidores públicos perciben un salario demasiado alto y, segundo, que con esta reducción se tendría un ahorro significativo en el gasto gubernamental. Desde luego, los ahorros en el gasto gubernamental son positivos pero, al mismo tiempo, es necesario ponderar sus alcances y consecuencias. ¿De qué magnitud son, qué implicaciones tienen, cuál es su costo de oportunidad? En ocasiones, con la justificación del ahorro, ciertas acciones acaban generando mayores gastos y consecuencias nocivas.

Por ello, la reducción de los salarios a los servidores públicos no debe ser visto solamente como un asunto de austeridad republicana. Sus implicaciones legales, prácticas, públicas, nos obligan a llevar a cabo un análisis integral del tema, en donde también se encuadran los derechos de los servidores públicos.

Hay que reconocerlo, ser servidor público no es una tarea fácil. Menos en tiempos en donde se pretende mirar a todos con el mismo cristal. Sin embargo, estoy seguro de que todos tenemos historias buenas que contar sobre personas que trabajan o han trabajado en el sector público. Hoy México cuenta con muchos servidores públicos de primera, con años de experiencia y con conocimientos técnicos en sectores que así lo requieren. El recorte salarial planteado conlleva el considerable riesgo de tener una importante fuga de talento, al tiempo que dichas posiciones podrían ser ocupadas por personas sin preparación ni experiencia, generando con ello consecuencias irreparables.

El reto no es menor y el debate pendiente debe de ir más allá. Debemos transitar de la reducción de salarios a la dignificación del servicio público en México. No son solo sueldos y prestaciones, también hay que garantizar un ambiente laboral sano en el que dedicarle tiempo a México sea más que solo un empleo. ¿Porqué no incentivar la capacitación de nuestros servidores públicos, recompensar sus resultados, incitar su colegiación? Y, desde luego, aprovechar también esta importante oportunidad para otras cuestiones como la homologación de todas las plazas del ámbito federal, así como el endurecimiento de
penas contra actos de corrupción y delitos cometidos por servidores públicos.

Por último, y más importante, es imperante aprovechar este ejercicio para consolidar las condiciones óptimas para que los jóvenes que estudian en México y en el extranjero vean en el servicio público de nuestro país una valiosa alternativa y un proyecto de vida. Ahí también está el debate pendiente.