Sobre las consultas

El artículo 35 de nuestra Constitución reconoce como derecho de todo ciudadano votar en consultas populares sobre temas de trascendencia nacional. Para ello establece una serie de requisitos a cumplir. Por ejemplo, quiénes las pueden convocar, sus efectos vinculatorios cuando vote más de 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, la organización y cómputo por parte del INE y que se lleven a cabo el mismo día de la jornada electoral federal (cada 3 años).

Aunado a ello, desde 2014 contamos con una Ley Federal de Consulta Popular, cuyo objeto es precisamente regular el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo y cómputo de las consultas populares.

No obstante nuestro contexto normativo, el pasado 25 de octubre se llevó a cabo una consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, la cual omitió todos y cada uno de los requisitos constitucionales y legales para su desarrollo. Ello conllevó fuertes críticas de distintos sectores e incluso detonó una manifestación en la capital en la que miles de personas protestaron, entre otras cosas, por la manera en que dicha consulta se llevó a cabo.

¿Hace bien la administración entrante en considerar a la ciudadanía en la toma de decisiones? Sí.

¿Se pueden obviar los requisitos constitucionales y legales, so pena de la importancia de las consultas a los ciudadanos? Por supuesto que no.

Los mensajes sobre el tema han sido contradictorios. Por una parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y miembro de Morena anunció que no habrían más consultas a modo e incluso sostuvo que en este mes aprobarían una iniciativa de reforma constitucional que permitiría llevar a cabo las consultas una vez al año y las cuales podrían incluir la revocación de mandato del Presidente de la República.

Sin embargo, esta misma semana el Presidente electo anunció una nueva consulta sobre 10 temas, entre los que se incluyen el Tren Maya y diversos programas sociales del gobierno.

La inclusión de las consultas populares en nuestra Carta Magna no es un tema ocioso. Su reconocimiento partió de la necesidad de contar con más y mejores mecanismos de participación ciudadana. Es una muy buena noticia que en nuestro país tengamos procedimientos participativos como este y es importante que lo sepamos aprovechar.

Al final del camino, todas las consultas que se planteen deben no solo de cumplir con los requisitos legales para ello, sino también considerar la finalidad para la que fueron diseñadas. El riesgo de llevar a cabo estos ejercicios a la ligera desvirtúa su valor y encuentra efectos contraproducentes en la incertidumbre y desconfianza ciudadana.