Vivimos un parteaguas en la historia de la seguridad de Jalisco y del país.
La caída de El Mencho y el golpe al CJNG no son un episodio más. Representan una herida profunda a una organización con capacidad de fuego, logística y terror que durante años operó con una estructura comparable a fuerzas irregulares en distintos puntos del mundo.
Los retos para el gobierno estatal son, por tanto, mayúsculos.
Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, envió mensajes de coordinación y agradecimiento al gobierno de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, el discurso de la Presidenta se centra en reconocer exclusivamente a las Fuerzas Armadas, sin mencionar al gobierno local. Si la federación se atribuye, con razón, el éxito del operativo y el estado queda solo en la gestión del miedo y la reactivación económica, se genera un escenario delicado que puede propiciar descoordinación política y narrativa.
El mandatario enfrenta una prueba inmediata. Tiene que demostrar que su capacidad de inteligencia y reacción ante el Código Rojo no dependió únicamente del aviso federal. La reactivación de escuelas y transporte manda una señal clara de control y de evitar la imagen de un gobierno espectador en su propio territorio.
El sector empresarial pidió levantar la alerta ante el impacto en la cadena productiva. La paralización económica exhibe una verdad incómoda: el crimen organizado desestabiliza más por el miedo que por los bloqueos físicos.
¿Cómo se construye una sensación de normalidad cuando la población aún está atemorizada? El anuncio de regreso a clases y reactivación económica puede leerse como una estrategia de contención psicológica. Pero su eficacia dependerá de los hechos.
Si mañana se registra un nuevo autobús incendiado, la promesa de normalidad se desploma. Liberar carreteras no basta. Es necesario garantizar cadenas de suministro seguras de manera sostenida. La jornada reciente demostró que la quinta economía del país puede verse estrangulada en cuestión de horas.
También existe una dimensión política. Da la impresión de que el gobernador enfrenta la crisis con respaldo limitado desde su propio partido y de los grupos empresariales y culturales que acompañaron su llegada al poder. El gobierno federal mantiene una distancia institucional con la oposición, lo que puede traducirse en una posición vulnerable para el estado si la narrativa no se equilibra.
Estrategas de seguridad advierten, fuera de grabadora, que conviene evitar celebraciones prematuras. La captura puede detonar disputas sucesorias o reacomodos internos. Los 2 mil 500 militares enviados funcionan como contención, pero la presión interna en la estructura criminal persiste.
El CJNG construyó su poder no solo con violencia directa, sino con una narrativa de omnipresencia mediante narcomantas, bloqueos y videos. Lo ocurrido dejó en la población una sensación de fragilidad institucional.
En este contexto, el gobierno estatal necesita transitar del lenguaje de alerta al de certidumbre. Más que anunciar el regreso a la actividad económica y escolar, debe sostenerlo con hechos verificables.
El desafío central es recuperar la confianza ciudadana, que es el principal daño colateral. Jalisco depende del turismo y de la inversión. Si la percepción internacional asocia al estado con bloqueos y narcoterror, las alertas de viaje y la cautela de los mercados pueden prolongarse. Contener el daño reputacional es una prioridad estratégica. Mostrar a Puerto Vallarta y a la Zona Metropolitana de Guadalajara operando con normalidad será clave para evitar un impacto económico mayor.
El mayor reto para ambos niveles de gobierno es demostrar que el Estado es más fuerte que el cártel.
Si la normalidad se consolida y la violencia no se fragmenta en nuevos liderazgos más agresivos, el gobierno estatal podrá capitalizar la crisis. De lo contrario, Jalisco podría enfrentar una etapa de inestabilidad aún más compleja. El Código Rojo se levanta, pero la alerta estructural permanece, especialmente a menos de cien días del Mundial de 2026.