El gobierno de Jalisco enfrenta una encrucijada financiera y de transparencia sin precedentes: la implementación de un aumento real de casi 48 por ciento en la tarifa del transporte público, el más alto en la historia reciente de la entidad.
El incremento, sin embargo, llega acompañado de una opacidad aún más preocupante. La administración estatal no cuenta con una cifra concreta sobre el monto total del subsidio con el que pretende amortiguar el impacto en los usuarios, un vacío informativo que no solo genera desconfianza, sino que proyecta una gestión a ciegas de un recurso público de gran magnitud.
La incertidumbre es múltiple. Aunque el gobierno argumenta que variables externas, como el número exacto de viajes diarios, dificultan el cálculo, lo cierto es que resulta inaceptable que se desconozca el tamaño total de la bolsa pública que financiará parcialmente millones de traslados en la Zona Metropolitana de Guadalajara. En términos simples, no existe transparencia sobre un gasto nuevo, creado expresamente para 2025, que con toda probabilidad representa miles de millones de pesos anuales.
Más allá de la ausencia de una cifra global, el gobierno también ha omitido explicar con claridad el origen de los recursos. Serán, inevitablemente, los contribuyentes jaliscienses quienes cubran la diferencia entre el costo real del viaje, 14 pesos, y lo que pagarán los usuarios con tarjeta, 11 pesos, o los estudiantes, 5 pesos. No se trata de una aportación de los concesionarios ni de un fondo extraordinario: es dinero público proveniente de impuestos, derechos y contribuciones. La pregunta central sigue sin respuesta: ¿de qué programa, fondo o área presupuestal saldrán estos recursos? ¿Qué otras inversiones públicas se verán recortadas o pospuestas para financiar este subsidio? Las declaraciones vagas parecen formar parte de una narrativa calculada para diluir el impacto político y económico de la medida.
Intentar calcular el costo desde fuera es un ejercicio limitado. Aunque se habla de hasta medio millón de estudiantes beneficiarios, no se precisa cuántos viajes realizan al día, una variable clave. También se anuncia la entrega de entre tres y cinco millones de Tarjetas Únicas, sin una cifra definitiva. A ello se suma un costo fijo poco difundido: la empresa Broxel, encargada del sistema, cobrará 5.45 pesos por la administración de cada plástico, un gasto adicional que también absorberá el erario. Además, está el subsidio de tres pesos por viaje para el usuario general con tarjeta. Sin datos sobre la cantidad real de viajes, cualquier otro cálculo es mera especulación. Esta falta de claridad beneficia directamente a los concesionarios, quienes recibirán el pago completo por cada traslado, mientras el Estado asume una obligación financiera de contornos difusos.
La opacidad alcanza otros frentes. Resulta contradictorio que, de manera paralela, se anuncien inversiones como la adquisición de 76 nuevos radares de fotomultas en Guadalajara, mientras se reconoce la dificultad para financiar plenamente el subsidio al transporte. Urge una explicación integral que aclare de dónde saldrá el dinero para ambos rubros. A ello se suma que el modelo elegido, la Tarjeta Única, enfrenta severas críticas de abogados y colectivos por los riesgos que implica para la protección de datos personales, ya que obliga a los usuarios a entregar información sensible a una empresa privada para no ser los más perjudicados por el tarifazo.
En síntesis, la ciudadanía no solo paga un transporte más caro: financia un subsidio de monto desconocido y origen incierto, a través de un mecanismo que además pone en riesgo sus datos personales. En este caso, la opacidad tiene un doble costo: debilita las finanzas públicas sin claridad alguna y vulnera el derecho a la información y a la privacidad de los jaliscienses. Exigir cuentas claras no es un capricho, es el mínimo indispensable de una administración responsable.