Una democracia moderna se reconoce no solo porque celebra elecciones, sino porque la ciudadanía puede decidir quién la representa y quien le gobernará, y con su voto premiar o castigar, si así lo considera. En Hidalgo, esa posibilidad tiene una historia que vale la pena contar, porque un organismo electoral, no solo organiza elecciones, garantiza derechos políticos.
El 9 de noviembre de 1995, la LV Legislatura del Congreso de Hidalgo aprobó el Decreto 239, la reforma constitucional que dio origen al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH). Publicado el 14 de noviembre, ese decreto abrió una etapa en la organización de los comicios locales, hoy a cargo de un organismo autónomo y profesional, la casa de la democracia hidalguense.
En estas tres décadas, el IEEH ha organizado 36 elecciones locales: cinco de gubernatura, 11 de diputaciones y 20 de ayuntamientos. Son 25 elecciones ordinarias y 11 extraordinarias. Cada una ha exigido preparación, trabajo en las casillas, conteo de votos y resultados que puedan ser revisados por la ciudadanía.
Pero hay otro dato que ayuda a comprender esta historia: la alternancia municipal. En cuatro procesos previos a la creación del IEEH, entre 1984 y 1993, se registraron 21 alternancias. Desde la primera elección organizada por el Instituto, en 1996, hasta 2024, la cifra llegó a 478 alternancias municipales. Tan solo en 2024, 80 de los 84 municipios cambiaron de fuerza política en su gobierno, el registro más alto de nuestra historia. Los 84 municipios han vivido, al menos una vez, una alternancia.
Estos datos no pertenecen a una fuerza política ni representan el triunfo de una institución. Hablan de una sociedad que ha encontrado en las urnas y ejerciendo sus derechos (VOTO) un camino para expresar preferencias, confirmar gobiernos o elegir opciones distintas. Esa capacidad de decidir es una de las expresiones más valiosas de nuestra vida democrática.
El IEEH no elige a quienes gobiernan. Su responsabilidad es garantizar que el voto se emita en libertad, que existan reglas claras, que cada sufragio sea contado y que los resultados se determinen con certeza y legalidad. Por eso la función electoral es un servicio público esencial, que merece profesionalismo, respeto y confianza.
A 31 años de su creación, el aniversario también nos llama a mirar hacia adelante. Rumbo a las elecciones de 2027, la independencia, la imparcialidad, la objetividad y la máxima publicidad deben reflejarse en cada decisión institucional. La confianza ciudadana no se decreta: se construye con trabajo y resultados.
Mi compromiso es seguir dignificando la función electoral y defendiendo el derecho de cada hidalguense a decidir de manera libre, informada y razonadamente.