Las principales personas sancionadas por cargo son presidenta o presidente municipal, ciudadanía, una regiduría
Erradicar las violencias no es sencillo, especialmente la violencia política, entendida como cualquier acción u omisión que busque limitar, anular o impedir el ejercicio de los derechos políticos o de representación de una persona o de un grupo de personas.
Una de las expresiones más graves es la violencia política en razón de género, ya que se dirige principalmente contra las mujeres, con el objetivo de deslegitimar su labor mediante el uso de estereotipos.
Esta violencia incluye agresiones verbales, amenazas, burlas, ataques a la vida privada, violencia física o económica, así como discursos de odio, entre otras conductas.
Dichas conductas pueden ser cometidas por compañeros de partido o de trabajo; medios de comunicación; grupos de presión; o personas servidoras públicas, tanto hombres como mujeres, ya sea en el ámbito público o privado, y pueden afectar el ejercicio de los derechos de personas candidatas, funcionarias electas, militantes o de la ciudadanía en general.
Por ello, un avance significativo ha sido la creación de un Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.
En este registro se publica a todas las personas que han sido sancionadas por violencia política contra las mujeres, el cual es administrado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y tiene como finalidad inhibir este tipo de conductas.
En él se puede identificar a las personas violentadoras, quienes pueden ser candidatas o candidatos a un cargo de elección popular. Asimismo, se establece el tiempo de permanencia en el registro, que puede ser de tres años cuando se trata de una falta grave; cuatro años por una falta ordinaria; cinco años por una falta especial; y hasta seis años en caso de reincidencia.
Cabe señalar que existen agravantes que pueden incrementar la sanción, como cuando la violencia es cometida por personas servidoras públicas, aspirantes a una candidatura independiente, precandidaturas, candidaturas o profesionales de los medios de comunicación, debido a la influencia que pueden ejercer sobre la ciudadanía.
También se considera una agravante cuando la violencia se ejerce contra mujeres pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas o afromexicanas, personas adultas mayores, personas de la diversidad sexual o personas con discapacidad.
En el último corte (5 de febrero), a nivel nacional hay 432 personas sancionadas, de las cuales 76 son mujeres y 356 hombres.
La mayoría de las personas sancionadas son de Oaxaca, siguiéndole, Veracruz, Chiapas y Tabasco.
Las principales personas sancionadas por cargo son presidenta o presidente municipal, ciudadanía, una regiduría, o Periodista.
Quiénes son las principales víctimas de la violencia política: principalmente regidoras, candidatas, sindicas o presidentas municipales.
Los principales órganos resolutorios de las sancionesson los tribunales electorales y los organismos públicos locales electorales, quienes más han resuelto sanciones por violencia política, en razón de género.
En el caso de Hidalgo hay 7 personas sancionadas.
De las cuales 3 culminan su sanción este año; 1 en el 2027 y 3en el 2028.Los nombres y los cargos de las personas en el registro son: Erick Marte Rivera Villanueva, presidente municipal; Feliciano Cruz Hernández, Líder de representación política; Héctor Miguel Olvera Cortés, exregidor;Jorge Luis González Cruz, Ex contralor interno;Luis Antonio Montiel Castelán, presidenta municipal o presidente municipal;Magdaleno Luis Camacho Fuentes, Periodista, y Roberto Bravo Hernández, Periodista.