Los resultados de México en la prueba PISA 2025 distan de ser motivo de celebración. Lo destacable, en cambio, es que el país finalmente no quedó fuera de la evaluación, luego de experimentar un proceso marcado por la incertidumbre, la omisión gubernamental y la presión de especialistas y organizaciones civiles para garantizar su aplicación.
El reporte del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA), elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), confirma que los estudiantes mexicanos de 15 años continúan en rezago educativo. El país obtuvo un desempeño inferior al de 2022 en matemáticas y prácticamente no registró cambios en lectura y ciencias, lo que evidencia que el sistema educativo aún no recupera los niveles de aprendizaje previos a la pandemia, o peor aún, en algunos indicadores los rezagos se han profundizado.
México alcanzó 388 puntos en matemáticas, 408 en lectura y 414 en ciencias, resultados que lo mantienen por debajo del promedio de la OCDE y reflejan que una proporción importante de estudiantes no alcanza las competencias mínimas para desenvolverse plenamente en la sociedad del conocimiento, o al menos, desarrollar una trayectoria escolar mínimamente exitosa.
La aplicación de PISA 2025 representó uno de los mayores desafíos que México ha enfrentado para mantenerse en esta evaluación desde que participa en ella, hace 25 años. Su realización implicó superar retrasos técnicos y administrativos, recursos judiciales y meses de indefinición gubernamental, en un contexto donde el país ha debilitado de manera sostenida sus mecanismos nacionales de evaluación educativa.
Paradójicamente, la prueba cuya aplicación estuvo en duda terminó por convertirse en la principal fuente independiente para conocer el estado de la educación mexicana. La desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), la suspensión de PLANEA y la ausencia de resultados nacionales comparables derivados de los nuevos instrumentos impulsados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) han dejado al país con escasa información objetiva sobre los aprendizajes de los estudiantes. A ello se suma el retiro de México de estudios internacionales como TALIS, la Encuesta Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje, el mayor cuestionario internacional sobre profesores y directivos escolares, lo que ha incrementado el peso de PISA como prácticamente la única evaluación internacional periódica y comparable disponible.
La relevancia política de esta evaluación es poderosa. En los países miembros de la OCDE, la publicación de los resultados suele generar comparecencias de autoridades educativas, debates públicos y revisiones de política educativa. No es casual que, tras difundirse PISA 2025, gobiernos como el de Uruguay convocaran conferencias de prensa para explicar el desempeño nacional. PISA no solo compara sistemas educativos; también constituye un mecanismo de rendición de cuentas para los gobiernos.
En este contexto, el camino para garantizar la participación de México estuvo lejos de ser sencillo. Durante 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó públicamente la utilidad de la prueba al considerarla parte de una visión educativa "neoliberal", mientras la SEP defendía un modelo de evaluación distinto, centrado en procesos formativos. Sin embargo, tras poco más de tres años de implementación de la llamada Nueva Escuela Mexicana (NEM), el país sigue sin contar con evidencia nacional comparable que permita valorar sus resultados.
Los retrasos en la preparación de la prueba piloto llevaron a especialistas a advertir que México podría quedar excluido de PISA 2025. En abril de 2024, Educación con Rumbo promovió un juicio de amparo para exigir la participación del país y más de un centenar de organizaciones civiles, investigadores y universidades alertaron sobre el riesgo de perder la última fuente independiente para medir los aprendizajes de los estudiantes.
La presión surtió efecto. En mayo de 2024, el gobierno federal confirmó que México sí participaría en la evaluación. Posteriormente se realizó la prueba piloto requerida por la OCDE y, entre abril y mayo de 2025, PISA fue aplicada a 7 mil 843 estudiantes de 297 escuelas, muestra representativa de alrededor de 1.58 millones de jóvenes de 15 años.
La historia de México en PISA 2025 trasciende los puntajes obtenidos. El proceso evidenció la fragilidad del sistema nacional de evaluación educativa y la creciente dependencia de una sola medición para conocer el estado de los aprendizajes. Más que una prueba técnica, PISA se ha convertido en un instrumento de transparencia, comparación internacional y rendición de cuentas. Su permanencia debería orientar un debate en México sobre la necesidad de reconstruir un sistema de información independiente, periódico y comparable que permita sostener con evidencia las políticas educativas del país.