La ejecución del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, ocurrida durante el Festival de Velas en plena celebración del Día de Muertos en Uruapan, Michoacán, no solo arrebató la vida de un funcionario público, desnudó la fragilidad de las instituciones frente a la violencia criminal. Pese a contar con protección de la Policía Municipal y 14 elementos de la Guardia Nacional, Manzo fue asesinado a sangre fría en un evento público, rodeado de familias y niños.
Este indignante crimen no puede verse como un hecho aislado. Manzo había denunciado amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y solicitado ayuda a autoridades federales. Su muerte representa el fracaso de los mecanismos de protección del gobierno federal y estatal, y además, expone la impunidad con la que operan los grupos delictivos. Que un alcalde sea cazado en medio de un acto cultural, frente a su comunidad y a su familia, es una afrenta directa al Estado mexicano.
Más allá del dolor y la indignación, este asesinato plantea el cuestionamiento: ¿cuánto más debe escalar el baño de sangre que se vive en México, para que se tomen medidas efectivas? La respuesta institucional ha sido inmediata en condenas y promesas de justicia, no obstante, la ciudadanía exige más que comunicados; se necesita dejar atrás la simulación y una estrategia real para recuperar el control territorial y desmantelar las redes criminales que hoy dictan la vida pública en muchas regiones.
Es deseable que Carlos Manzo no sea recordado solo como una víctima más, su lucha lo convierte en un caudillo de la era moderna en el sufrido México. Este hecho sangriento debe marcar un punto de inflexión; el Estado continúa fallando a los mexicanos y este asesinato es un síntoma alarmante de la descomposición institucional que enfrenta México.
Rastreando
La crisis hídrica en el Edomex, agravada por el Operativo Caudal, ha desatado una ola de indignación ciudadana, especialmente en Toluca, donde miles de familias enfrentan una escasez alarmante sin soluciones claras a la vista. Para más de 10 mil personas en delegaciones como Cacalomacan, San Cristóbal Huichochitlán y San Pablo Autopan, la situación se ha vuelto crítica.
La clausura de pozos clandestinos, aunque necesaria para frenar prácticas ilegales, ha dejado al descubierto la dependencia de muchas comunidades en estas fuentes irregulares. Vecinos denuncian que ni siquiera hay pipas disponibles y los precios del agua se han disparado. La indignación ciudadana es palpable. En redes sociales se multiplican los testimonios de desesperación, enojo y exigencia de soluciones...