Durante casi tres décadas, Venezuela ha sido sometida a un experimento político que se disfrazó de revolución pero que terminó siendo una maquinaria de hambre, miseria y descomposición institucional. El chavismo, que prometió dignidad y justicia social, se transformó en un sistema de control que arrasó con la economía, pulverizó los servicios públicos y condenó a millones de ciudadanos a sobrevivir entre apagones, escasez y colas interminables por un pedazo de pan; la narrativa de la “patria grande” se convirtió en un eco vacío frente a la realidad de hospitales sin insumos, escuelas sin maestros y familias que huyen del país en caravanas de desesperanza.
La caída de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores no es un desenlace inesperado, sino la consecuencia natural de un régimen que se sostuvo a fuerza de represión y propaganda, mientras el país se desmoronaba bajo sus pies; el poder que alguna vez se presentó como heredero de Bolívar terminó reducido a un círculo de privilegios, incapaz de ocultar la indignidad de un pueblo que fue utilizado como escudo político. Hoy se derrumba el mito de una revolución que nunca fue, que se alimentó de discursos mientras dejaba a su gente sin pan, sin agua, sin luz y sin futuro.
El chavismo deja tras de sí un país fracturado, marcado por la pobreza extrema y el desencanto, un territorio donde la palabra “servicio” perdió sentido y donde la esperanza se convirtió en resistencia. Aunque la caída de Maduro simboliza el fin de una etapa, permanece el reto de reconstruir un país devastado por el autoritarismo, la corrupción y la indiferencia hacia su propio pueblo.
La intervención de Estados Unidos en Venezuela sacude el tablero político latinoamericano. El aseguramiento de Maduro y Flores no es un episodio aislado: es el desenlace de años de tensiones, sanciones y denuncias internacionales que hoy se materializan en un hecho que redefine la política regional, por otro lado, el ingreso de fuerzas estadounidenses en territorio venezolano pone en jaque el principio de soberanía nacional; la acción se presenta como una medida para restaurar la democracia, pero al mismo tiempo revive el fantasma del intervencionismo que América Latina conoce demasiado bien.
R a s t r e a n d o
La prórroga para la verificación vehicular en el Edomex, que extiende el plazo hasta el 15 de enero de 2026 para placas con terminación 9 y 0, es un alivio inmediato para miles de automovilistas, pero también un síntoma de un problema estructural. La saturación de los verificentros revela una planeación deficiente y una incapacidad de las autoridades para garantizar un servicio ágil y suficiente.
Más allá de la comodidad administrativa, el retraso en la verificación implica un costo ambiental: se pospone el control de emisiones en una de las zonas más contaminadas del país. La medida, aunque necesaria en el corto plazo, refleja una política reactiva que privilegia la gestión de crisis sobre la prevención; la prórroga es un respiro para los conductores, pero un recordatorio incómodo de que el Edomex necesita un sistema de verificación más eficiente, transparente y comprometido.
Por otro lado, el aumento en el costo de los hologramas 0 y 00 en el Edomex refleja una política que castiga a quienes buscan cumplir con estándares ambientales más estrictos; mientras los hologramas 1 y 2 mantienen su precio, los que garantizan menor impacto contaminante se encarecen, enviando un mensaje contradictorio: se exige responsabilidad ecológica, pero se penaliza económicamente a los automovilistas que la asumen. En lugar de incentivar la verificación responsable, el ajuste es sólo otra medida recaudatoria, no una estrategia seria de política ambiental.