En 2019, se entregó al Presidente una propuesta que, aunque con modificaciones, ya fue enviada en el paquete de iniciativas
Este 16 de febrero se cumplen 28 años de los Acuerdos de San Andrés, firmados entre el gobierno federal y el EZLN, luego de un amplio proceso de análisis y debate de algunos de los principales problemas y exigencias históricas de los pueblos indígenas, en el cual participaron también expertos, asesores del EZLN y representantes de decenas de comunidades indígenas de todo el país. Esos acuerdos se sintetizaron en la iniciativa de Ley Cocopa y, en 2001, una versión modificada se convirtió en la Ley Indígena, que traicionaba los puntos esenciales de los Acuerdos de San Andrés: los derechos a la autonomía y al territorio; pues sólo los reconocía como entidades de interés público, es decir, los mantenía en una situación de pasividad ante el paternalismo del Estado y a merced de la buena o mala voluntad de los gobiernos en turno, sin poder reivindicar sus derechos y defender legalmente sus territorios. Desde entonces, numerosos pueblos originarios asumieron los Acuerdos de San Andrés como horizonte de lucha y principal documento político para exigir una nueva relación con el Estado.
En 2019, una amplia alianza de pueblos y organizaciones indígenas entregó al presidente de la República una propuesta de reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, la cual fue retomada y enriquecida a través de foros de consulta organizados por el INPI, cuyo resultado, aunque con modificaciones, fue enviado el 5 de febrero pasado por el Ejecutivo Federal como parte del paquete de reformas constitucionales. Esta propuesta retoma casi la totalidad de los aspectos considerados en los Acuerdos de San Andrés al reconocerlos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, entre ellos: derecho a la libre determinación y autonomía, reconocimiento de sus sistemas normativos internos, educación indígena, intercultural y plurilingüe, acceso a medios de comunicación propios, fomento de las lenguas y culturas indígenas, protección de su patrimonio cultural, material e inmaterial y de su propiedad intelectual colectiva, reconocimiento e impulso de la medicina tradicional y la partería, participación efectiva de las mujeres en condiciones de igualdad en todos los ámbitos de la vida comunitaria, respeto a la integridad de sus tierras y lugares sagrados, acceso a asignaciones presupuestarias administradas de manera directa por las comunidades, acceso a asesorías, intérpretes y traductores indígenas en todas las instituciones jurisdiccionales, derecho al desarrollo integral y sostenible de sus economías, derecho a la consulta libre, previa y culturalmente adecuada y reconocimiento de su capacidad jurídica para impugnar medidas legislativas o administrativas que vulneren su vida comunitaria o entorno. Además, reconoce el trabajo comunitariocomo parte de su organización sociocultural, lo cual es una innovación en la historia de la legislación indígena.
Con la aprobación de esta reforma durante la actual Legislatura tenemos la oportunidad de resarcir la deuda histórica del Estado y la sociedad mexicana con los pueblos originarios, desterrando para siempre el racismo, la discriminación, el despojo y la invisibilización.¡Que vivan los pueblos indígenas y afromexicanos!