Según el politólogo Alberto Aziz Nassif, la “tendencia a la especialización y a la judicialización de la política” es una realidad propia de las nuevas democracias latinoamericanas en su apuesta por dejar atrás los lastres de los regímenes autoritarios. Sin embargo, sin una democratización del Poder Judicial, sus distintas instancias se pueden convertir en bastiones del conservadurismo y la reacción, y desde ahí instrumentar lawfare o “guerras judiciales” contra los poderes democrático-populares, como ocurrió en Brasil contra Dilma Rousseff y Lula, en Argentina contra Cristina Kirchner, en Perú contra Pedro Castillo, o, recientemente, la intentona de algunos jueces por impedir el arribo al poder de Bernardo Arévalo en Guatemala. En todos esos casos, los poderes oligárquico-corruptos usaron los mecanismos constitucionales del Poder Judicial para revertir los avances democráticos del pueblo y sus representantes legítimos.
En México, los ministros de la SCJN, al desacatar el artículo constitucional que establece que ningún funcionario público puede ganar más que el Presidente y al intentar revertir las reformas aprobadas durante las dos últimas legislaturas, no solo están siendo juez y parte en la defensa de sus intereses y privilegios, también se están colocando políticamente del lado de una oposición corrupta que benefició, con su política económica privatizadora durante más de tres décadas, a un sector de la oligarquía afectada por las reformas democratizadoras y de justicia social impulsadas por nuestro movimiento y por el presidente López Obrador. Es el caso de la reciente resolución de inconstitucionalidad de las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica, favoreciendo a seis empresas privadas y atentando contra la recuperación de la soberanía energética de la nación. Y lo que es peor, al desacatar el mandato popular expresado a través de la mayoría parlamentaria y de las disposiciones legislativas aprobadas durante este sexenio, las y los ministros de la Corte, con honradas e ilustres excepciones, se colocan de hecho por encima de la Constitución política, confundiendo, como ha señalado la ministra Lenia Batres, supremacía de la instancia con supremacía de la Constitución.
Nadie puede estar por encima de la Constitución, ni siquiera los expertos togados de la SCJN. Solo el soberano, el pueblo, tiene en todo momento el inalienable derecho de modificar su forma de gobierno y sus ordenamientos jurídico-políticos, incluida la Carta Magna. Los ministros de la Corte, al abusar de su jurisprudencia y sostener que no se cumplieron con los formalismos procedimentales en la aprobación de ciertas reformas legales, no están interpretando correctamente el mandato del pueblo, que dice: ¡abajo los privilegios! y ¡no más corrupción! Los jueces y ministros aliados de la oposición corrupta tampoco han entendido que vivimos no solo un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen, una transformación profunda de las instituciones y de las reglas del juego político y que, como parte de esa transformación, el Poder Judicial tendrá que rendir cuentas, tarde o temprano, ante el pueblo soberano. Las senadoras y senadores de Morena le hemos cumplido a nuestro pueblo aprobando las reformas necesarias para extender los derechos sociales y garantizar políticas públicas para el bienestar, la salud, la educación y la seguridad con libertad y justicia para todas y todos, y lo seguiremos haciendo con el conjunto de reformas enviadas por el Presidente para su discusión y aprobación durante el actual periodo legislativo.