Para defender los derechos humanos es necesario orientarse en un territorio complejo, no hay rutas simples, ni caminos rectos… Hay obstáculos, desvíos y zonas de riesgo donde debemos proteger los derechos humanos. Por eso, hablar de una cartografía de la dignidad implica trazar mapas que nos permitan reconocer dónde estamos, hacia dónde queremos ir y qué rutas debemos construir para llegar. Cada derecho es una coordenada, cada persona una historia, y cada intervención institucional una brújula que busca no perder de vista lo esencial: que nadie quede fuera del camino.
Defender, desde la óptica de los derechos humanos, no es solo reaccionar ante una injusticia, sino asumir una postura activa frente a la dignidad de las personas. Es acompañar, escuchar y actuar cuando se advierte la negación de las libertades o garantías; es no ser indiferente ante la desigualdad, la discriminación o la violencia. Defender implica también prevenir, educar y derribar las condiciones que generan injusticias, colocando siempre en el centro a las personas y su bienestar. En este sentido, defender es un compromiso cotidiano con la justicia, se trata de un verbo que requiere vocación, responsabilidad, ética y compromiso.
En el ámbito institucional, defender adquiere una dimensión aún más profunda, pues de manera constitucional toda persona que se desempeñe en el servicio público tiene la obligación de respetar y proteger los derechos humanos desde su respectivo campo de acción. En el caso de los organismos públicos defensores de los derechos humanos, tenemos, además,la competencia para conocer y señalar posibles violaciones a derechos humanos y casos de discriminación; asimismo investigar los hechos, acompañar a las personas quejosas y en su caso, emitir recomendaciones, de esta forma incidir en políticas públicasque transformen realidades. Nuestra sociedad está en constante evolución y con ella, también deben evolucionar las instituciones. Hoy, el concepto de defensa de los derechos humanos nos invita a reflexionar sobre la necesidad de avanzar hacia modelos más cercanos, más accesibles y resolutivos.
Sin perder el rumbo: En México, el sistema no jurisdiccional de derechos humanos constituye una red institucional clave para la protección de la dignidad de las personas, en este sentido la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo forma parte de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) —que integra a las 32 Comisiones y Defensorías de DDHH del país—; juega un papel estratégico generando coordinación, el compartir buenas prácticas, impulsar agendas nacionales, incidir en políticas públicas y responder de manera más eficaz a problemáticas que trascienden lo local. Su impacto radica en que no deja solas a las instituciones ni a las personas, sino que construye una defensa colectiva, más sólida y más cercana, que amplía el alcance de la protección de los derechos humanos en todo el país.