la decisión del ejecutivo estatal de presentar una iniciativa de reforma a la ley hacendaria de Tamaulipas en favor del medio ambiente, no sólo va en armonía con el orden jurídico internacional del cual México forma parte, sino que es compatible con la voz de la comunidad científica que en reiteradas ocasiones ha manifestado que la verdadera amenaza que enfrenta la humanidad en el siglo XXI, es el calentamiento global.
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, recientemente adoptó la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Está compuesta por 17 objetivos y 169 metas de carácter económico, social y ambiental. Ahí, se hace referencia al cambio climático, como un suceso que está afectando a todos los países, produciendo un impacto negativo en la economía y en la vida de las personas.
El Acuerdo de París, a su vez, suscrito en el 2015 y ratificado por la Cámara de Senadores en el 2016, asume la condición de norma suprema conforme lo que establece el artículo 133 de la Constitución. El citado acuerdo pretende mejorar la aplicación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto específicamente para la reducción de la emisión de los gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global.
A partir de esos acuerdos internacionales México ha legislado, si, al menos en lo que se refiere a la pluma y el papel, en favor de la sostenibilidad ambiental. El artículo 4 de la Constitución establece que toda toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El mismo régimen transitorio de la reforma constitucional en materia energética obliga a los participantes de la industria eléctrica, incluidas Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, a la sustitución de energías de fuentes fósiles por energías limpias. En ese sentido, el Congreso de la Unión ha promulgado leyes secundarias como la Ley General de Cambio Climático y la Ley de Transición Energética con el mismo objetivo de lograr un desarrollo económico sustentable.
No obstante, el gobierno federal ha hecho caso omiso a la encomienda constitucional y a los principios que enmarcan los tratados internacionales de los que México forma parte. Tanto el acuerdo del CENACE como el acuerdo de confiablidad de la Secretaría de Energía recién publicados van en detrimento de los fines constitucionales de sustentabilidad, preservación y restauración del equilibrio ecológico. Ante esta situación, haciendo uso de las competencias concurrentes que establece la Constitución, el ejecutivo estatal de Tamaulipas busca potenciar y fortalecer la transición energética en México; asume el compromiso de garantizarle a las futuras generaciones, el derecho a un medio ambiente sano.
Con la iniciativa de reforma de ley que está próxima a su votación, se propone una contribución destinada a las empresas por acciones que degradan al medio ambiente. Con esta iniciativa, no sólo se pretenden resarcir los daños del impacto que sufre la población y el ecosistema a través de los contaminantes, sino que busca potenciar otros recursos en razón de los compromisos internacionales asumidos y con los que dichosamente cuenta el país: el sol, el viento y el movimiento del mar. Sin duda, una medida audaz, vanguardista y responsable para despertar conciencia, mejorar las cadenas de suministro y construir un futuro verde y sostenible.