En la visita del presidente de México a Washington por lo visto, no se trataron los temas apremiantes del sector energético nacional. Una industria que no solamente es de suma importancia en lo comercial y en la relación diplomática entre ambos países, sino que representa una solución real para reanimar ambas economías golpeadas recientemente por la pandemia. Quienes consideramos que la política energética nacional ha tomado un rumbo equivocado, esperábamos al menos un destello de cambio después de esta visita a la capital estadounidense. Sin embargo, pareciera ser que una vez mas se acordó una apuesta política en favor de ambos presidentes (que permanecen en campaña)e hicieron a un lado temas incómodos pero de suma relevancia para el empresariado de ambos países y de Canadá.
Durante una conferencia virtual organizada por la Comisión de Energía de Tamaulipas, el pasado martes, 7 de julio, Armando Llamas, catedrático del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey explicaba que el parque de generación que opera la Comisión Federal de Electricidad tiene una antigüedad promedio de 33 años y cerca de 42% de su capacidad genera energía con altos costos y combustibles perjudiciales al medio ambiente. Para poner en contexto, el costo promedio de generación por parte de la CFE (cifras a mayo del 2020) es de 1,127 pesos/MWh mientras que la generación por parte de los privados a través de la puesta en marcha de subastas eléctricas ha sido de 423 pesos/MHh.Es decir, si aumentamos la capacidad de generación de la CFE (con la infraestructura actual) invariablemente aumentará el costo de recibo de luz de los consumidores o bien, incrementará el subsidio eléctrico del gobierno federal con dinero de los contribuyentes.
Esta infraestructura -termoeléctricas y carboeléctricas- genera 34 unidades de energía por cada 100 unidades de combustible que producen. Esto significa que el restante 65% es dinero que estamos aventando a la atmósfera como gases contaminantes, de manera irresponsable y con consecuencias irreparables.
Así, el gobierno federal pretende meternos en un falso dilema. En caso de que se celebraran contratos leoninos antes o durante la reforma energética, que se investigue y se castiguen a los culpables, pero un estadista en funciones debe de tener la madurez política de separar un tema de otro en busca del bien común. El marco jurídico vigente permite mecanismos que hoy son de vital importancia para el rescate de las empresas productivas del estado y para obtener seguridad energética como país.
En ese mismo sentido, la situación de Pemex no termina de agravarse. Entre la situación actual por la pandemia y la desafortunada toma de decisiones, Pemex registró pérdidas de alrededor de 23 mil millones de dólares durante el primer trimestre del año. Ante la falta de flujo, las deudas continúan incrementándose por lo que se dice que la empresa ha solicitado a sus principales proveedores postergar al 2021 el pago para liquidar facturas pendientes.
El presidente ha colocado a Pemex en el centro de sus objetivos para hacer que el país sea autosuficiente en energía. Sin embargo, la autosuficiencia no debe ser el objetivo principal de la política energética. Encima, cambiar las reglas del juego y alejar al capital privado extranjero no hará otra cosa más que prolongar la difícil situación que ya de por sí está atravesando la economía nacional.