Hace unos años, la paz de una sucursal bancaria en la que un servidor se encontraba fue fracturada por un estallido seco en la entrada, ¡era un disparo en plena Avenida Juárez! En segundos, el orden se convirtió en caos: asaltaron a un cuentahabiente que acababa de retirar una fuerte suma.
Sin darme cuenta, todos terminamos en el piso, conteniendo el aliento, mientras una mujer se desmayaba y otro usuario sucumbía a una crisis nerviosa. Nos encerraron hasta que llegaron los peritos. Ese día, el banco dejó de ser un refugio financiero para convertirse en una trampa de angustia. ¿Qué necesidad tenemos los poblanos de vivir situaciones así?
Hoy, mi compañero David Meléndez confirma que ese miedo no es paranoia, sino un cáncer que crece. En 2025, los asaltos a cuentahabientes en Puebla se duplicaron, con un incremento del 102 por ciento. Cerca de 15 millones de pesos pasaron de las manos de ciudadanos trabajadores a las de la delincuencia.
De acuerdo con el Inegi, 74.1 por ciento de los poblanos considera a los bancos lugares inseguros, una percepción que sólo superan ciudades sumidas en crisis de violencia extrema como Uruapan o Guadalajara.
Lo más alarmante es la aparente complicidad del silencio. Instituciones como BBVA, Banorte y Santander encabezan la lista de incidencias, pero poco se sabe de sus protocolos internos para evitar la colusión de empleados, una sospecha que flota en cada asalto ocurrido minutos después de un retiro.
Mientras tanto, en el Congreso, la iniciativa de la diputada Fedrha Suriano para sancionar severamente a quienes filtren información desde el interior del banco lleva casi un año en la congeladora.
Es urgente que la banca deje de ver esto como un daño colateral y asuma su responsabilidad en la seguridad de sus clientes. Los legisladores deben sacar las iniciativas del olvido y las autoridades deben sumar fuerzas para inhibir este delito que nos acecha al salir de la caja o el cajero.
Como sociedad, no podemos normalizar el terror de ir al banco. La confianza se deposita, pero la seguridad se garantiza; hoy, en Puebla, ambas están en bancarrota.