La reciente aprobación en el Senado de la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales —iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum— ha sido presentada como un avance histórico en materia de derechos laborales. El calendario de implementación, que prevé llegar a las 40 horas en 2030, busca enviar un mensaje claro: México apuesta por una mejor calidad de vida para sus trabajadores.
El objetivo es legítimo. Diversos estudios de la Organización Internacional del Trabajo han advertido sobre los efectos negativos de las jornadas extensas en la salud física, mental y en la productividad. Aspirar a un equilibrio entre trabajo y vida personal no solo es deseable; es necesario.
Sin embargo, toda reforma estructural exige algo más que buenas intenciones: requiere planeación económica, análisis técnico y políticas complementarias que mitiguen sus efectos colaterales.
La discusión legislativa se concentró en el propósito social de la medida, pero dejó en segundo plano el análisis detallado de su impacto en la estructura productiva del país. Particularmente en las micro, pequeñas y medianas empresas, que constituyen el principal motor del empleo formal en México.
Reducir la jornada sin disminuir salarios implica un aumento automático en el costo laboral por hora trabajada. Para muchas empresas, esto se traduce en la necesidad de contratar personal adicional, pagar más horas extra o absorber mayores cuotas de seguridad social. En contextos de márgenes reducidos y acceso limitado al crédito, estos ajustes no son menores.
La transición gradual ayuda, pero no sustituye la ausencia de una política pública integral que incluya incentivos fiscales, programas de productividad, capacitación tecnológica y acompañamiento financiero. Sin estos elementos, la reforma corre el riesgo de convertirse en una carga estructural para el sector que sostiene el empleo.
El debate también ocurre en un momento estratégico para México. El país se encuentra en una coyuntura favorable para atraer inversión bajo el fenómeno del nearshoring. En este escenario, la certidumbre jurídica, la estabilidad regulatoria y la previsibilidad de costos laborales son factores determinantes.
No se trata de oponer competitividad a derechos laborales. Se trata de reconocer que ambos deben avanzar de manera coordinada. Sin productividad, la mejora en condiciones laborales puede volverse insostenible en el largo plazo.
La reducción de la jornada laboral representa una aspiración legítima de bienestar social. Pero el éxito de esta transformación dependerá de la capacidad del Estado para acompañarla con políticas que fortalezcan la competitividad, impulsen la innovación y respalden a quienes generan empleo.
La discusión de fondo no es si debemos trabajar menos para vivir mejor. La verdadera cuestión es si estamos construyendo las condiciones económicas para que esa aspiración sea viable, sostenible y beneficiosa para trabajadores y empresas por igual.
Porque las reformas laborales no se sostienen solo en la tribuna: se sostienen en la productividad, la inversión y la estabilidad económica que las respalda.