En La Laguna conocemos al Senador Luis Fernando Salazar.
Durante años, la escena política local le ha tomado el pulso a su carácter impulsivo, intempestivo y a esa forma recia de ir al choque que le valió el apodo de "El Hooligan", sin embargo, llevar esa misma narrativa a la tribuna del Senado y a las plataformas digitales tiene un costo democrático muy alto.
Hace apenas unos días, un mensaje del legislador coahuilense, en redes sociales, encendió alarmas de la libertad de expresión. Salazar arremetió contra el periodista de N+, Enrique Acevedo, llamándolo "chayotero", "sinvergüenza", "mentiroso", "corriente" y aderezando el ataque con una advertencia que resonó fuerte y contundente: "Vamos a ir tras de ti".
Quienes conocemos la trayectoria de Luis Fernando sabemos que, en el fondo, su intención probablemente no era ejecutar una amenaza literal.
Pero en el México de hoy, políticamente polarizado y con la prensa en constante riesgo, las palabras del poder pesan toneladas.
Posteriormente, el Senador borró la publicación, admitió que "le faltó mesura" y extendió una disculpa pública al comunicador, sin embargo, el golpe ya estaba asestado y el precedente, marcado.
Este episodio no es un hecho aislado; responde a una dinámica de amedrentamiento constante hacia el ejercicio periodístico.
Es la secuela de un relato donde el cuestionamiento no se responde con argumentos, sino con descalificación, etiquetas y descalabro verbal.
Recapacitar y admitir el error, es un gesto de civilidad que debemos reconocer, pero borrar un mensaje en redes no retira el impacto en la opinión pública.
Las autoridades y los legisladores están sometidos al escrutinio ciudadano, no al revés.
Si la respuesta a una investigación periodística es el exabrupto y la intimidación, el mensaje para la sociedad es sumamente peligroso.
La mesura no es una concesión opcional para un Senador; es una obligación del cargo.
Porque cuando el poder pierde la cabeza, la que pierde es la libertad de todos.