Expertos en temas de seguridad pública han señalado con insistencia que en la medida que las autoridades de cualquiera de los tres niveles de gobierno se apliquen en propiciar mayor seguridad, en esa misma medida fomentarán el desarrollo económico porque la gente podrá desarrollar sus actividades, pero sobre todo, se atraerán nuevas inversiones, y esto va de la mano con la existencia de la Seguridad Jurídica que dé certeza a esas inversiones. Se nota sobre todo a nivel municipal, pues son muy notables las diferencias entre unos y otros, por lo que vendría bien hacer una revisión de las condiciones en las que viven los habitantes de diversas demarcaciones.
Por ejemplo el otro maravilloso Ixtapan de la Sal donde, se comenta, tienen acaparado mediante amenazas de muerte el comercio de ciertos productos. Si usted quiere por ejemplo comprar cerveza en una tienda de conveniencia de ese punto turístico mexiquense, debe ir y ahí le darán un número de teléfono al que debe marcar y se la llevan a su casa, porque la distribución la tienen acaparada los delincuentes; claro, con su sobreprecio correspondiente. Lo mismo pasa con los cigarrillos y otros lugares donde están en un plan insoportable los delincuentes con la distribución y venta de diversos productos.
Parece que es vox pópuli la existencia de retenes de civiles desde las carreteras de acceso en la región de Tejupilco, que no dejan pasar nada de productos básicos, cerveza, cigarrillos y hasta materiales de construcción, porque todo lo que compren los habitantes debe ser a través de ellos, claro, al precio que impongan, pegándole al bolsillo de todos los habitantes.
Ya se desarrolló una acción en contra de esos grupos hace algunos meses, pero el problema ha regresado, según nos reportan, así que es necesaria la presencia de las fuerzas policiacas, la estatal y la Guardia Nacional para poner orden, pero falta la decisión política para acabar con el problema, ahora sí de raíz. Las enérgicas acciones desarrolladas en Jalisco contra el cártel ahora llamado “de las cuatro letras” y su líder, demostraron que sí se puede; nada más falta que se decidan…
Hoy que está en la parte alta del interés público el caso de Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, ahora con licencia, denunciado desde 2021 por participar y ser beneficiario del crimen organizado sobre todo en el tema electoral, insiste la señora Claudia Sheinbaum en defenderlo sin medir consecuencias; poniéndose en entredicho la relación entre el narco y el gobierno.
Lo mismo hizo la flamante consejera jurídica de la presidencia de la República, Luisa María Alcalde, quien estrenando cargo salió a los medios a querer descalificar la solicitud de extradición de Rocha Moya y otros nueve implicados. En ningún momento alegó inocencia, sino sólo argumentó que se había violado (¿?) la confidencialidad del asunto, lo que se reflejó en un “linchamiento mediático”.
Hay que recordarle a la nueva consejera que la obligación de los medios es difundir los hechos, y si la solicitud de extradición ya estaba presentada, era un hecho, y los medios no inventan la realidad, sólo la reflejan en uso de su Libertad de Expresión. Es una pena que ni la presidenta ni la consejera jurídica se den cuenta que, al salir a defender a los morenistas que le deben sus triunfos electorales a los grupos criminales, están admitiendo tácitamente algún vínculo con ellos.
Nos leemos ¡y cuídese mucho!